El Gobierno tiene en carpeta darle aire a la discusión por una reforma constitucional a partir de marzo, confirmó a PERFIL una alta fuente oficial. La idea es comenzar el proceso en las comisiones en el Congreso, en marzo de este año.
Para una reforma de la Carta Magna hace falta primero la aprobación de los artículos a retocar por las dos cámaras legislativas con dos tercios de cada cuerpo, algo que el kirchnerismo hoy no tiene, pero que podría alcanzar con ayuda del Frente Amplio Progresista (aunque advierten que no es prioritaria una reforma) y algunos otros bloques.
La Constitución Nacional hace 17 años que no se reforma, la última fue la de 1994, tras el famoso Pacto de Olivos entre el radicalismo y el peronismo.
Una alta fuente legislativa y un ministro dijeron desconocer si el Gobierno tiene interés en avanzar sobre un tema tan delicado. Quien pasó la información a este diario advirtió, tajante, que aunque se va a dar el debate no se tocarán “ni por casualidad” la reelección o la idea de ir a un sistema parlamentario.
Ese es un asunto que preocupa a la oposición, que cree en una “Cristina eterna” o en una primera ministra, en el marco de un cambio de sistema. Sin embargo, varias fuentes coinciden desde hace meses en que la jefa de Estado pretende retirarse en 2015 con un alto nivel de imagen y aseguran que tiene conocimiento cabal de que estirar su poder desgastaría su figura.
“Hay muchos artículos que quedaron desactualizados y otros que merecen ser incorporados”, explicó la fuente oficial. En 1994 se modificaron 43 artículos, se acortó el mandato presidencial de seis a cuatro años para permitir la reelección, se incorporó el Consejo de la Magistratura (que este Gobierno considera aberrante porque, asegura, es influido por las corporaciones) y se suscribieron los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, la acción colectiva y el amparo, entre otras cosas.
¿Qué puntos podría enviar el Gobierno para la discusión? Aunque aseguran que se están “estudiando”, uno de ellos podría ser el federalismo fiscal, un anhelo histórico de provincias y municipios. La normativa indica que los recursos se deben repartir en tres tercios entre el Gobierno nacional, los provinciales y las jefaturas comunales.
Sin embargo, un ministro le dijo a PERFIL que introducir esa discusión no tiene sentido y es perjudicial para el oficialismo. “El Gobierno tiene todo para perder con eso, porque hoy recauda el 70 por ciento de los recursos, el 22 va para las provincias y el 8 por ciento va para los municipios. Se quedaría sin dinero para hacer frente, por ejemplo, al pago de deuda”, manifestó.
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