Luego del crimen del colectivero en La Matanza, el Sindicato Unido de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), cuya cara visible es Facundo Moyano, se sumó a los reclamos por mayor seguridad y determinó una medida de fuerza para este miércoles. La acción que encaró el gremio consiste en barreras levantadas por tiempo indeterminado a partir de este miércoles a las 6 de la mañana ante la falta de respuestas a reclamos que, como mencionó su referente sindical, datan de meses.
“Es delicado el tema, ponés en evidencia que el cajero trabaja con plata y los peajes están ubicados en zonas de alto riesgo, de mucha inseguridad, como Dock Sud con nivel muy alto de delito. Ya han sucedido hechos en donde intervino la policía con disparos porque trataron de robar recaudaciones. No tenemos que esperar la muerte de ningún trabajador ni usuario”, explicó el sindicalista en un contacto con PERFIL.
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Las críticas de Moyano también se centran en el accionar de una de las empresas de la actividad, empresa que controla el gobierno bonaerense AUBASA, con la cual todavía no alcanzó un acuerdo de revisión paritaria, algo que sí pudo establecer con las otras compañías involucradas.
Y alertó: “La empresa quiere precarizar el servicio del corte de pasto o limpieza con favores políticos a intendentes poniendo cooperativas de trabajo, con empleados cobrando por debajo de las escalas de nuestro sindicato y modificando el sistema laboral. Es una reforma laboral de hecho”.
“Hay muchos contratos basura y hay trabajadores que hace 6 años están trabajando en modalidad eventual, violando la ley 24013 que establece que un trabajador tras 6 meses debe quedar efectivo”, agregó.
A su vez, el hijo de Hugo señaló que la firma está “sin manejo, en una situación de desidia para todos y uno lo ve cuando toma la ruta 2, la 11 o la autopista, cuando ve las condiciones del asfalto y pasto”.
“Nos preocupa y nos llama la atención la situación de los colectiveros, no podemos esperar una muerte ni tomar una medida con un hecho consumado, por eso le avisamos a las autoridades de la empresa y a la provincia que no lo vamos a permitir”, concluyó.
El comunicado del gremio
El sindicato denunció el "alarmante grado de exposición a hechos de inseguridad que padecen los trabajadores de la actividad". "La preocupación de los trabajadores por los asaltos de los que son víctimas cuando llegan a su puesto y durante su turno de trabajo crece. ¿Hasta qué punto piensan especular con un tema tan sensible?", protestaron.
Y reclamaron por "150 efectivizaciones para compañeros de la actividad, sumado a 100 recategorizaciones en distintas áreas" y que la empresa estatal "continúa con una política de precarización laboral en un contexto social y económico cada vez más difícil para el trabajador".
JPK/ff
