Flavia Royón no descartó la quita de la concesión a Edesur: las razones por las que el Gobierno no fue a fondo
La medida anunciada por Sergio Massa regirá por 180 días. Tras las multas, denuncias y advertencias, por qué el Gobierno no avanzó en la "estatización" de la empresa.
Después de más de tres semanas de ola de calor y un estallido de protestas de vecinos y vecinas por los más de 180 mil usuarios que sufrieron cortes de luz, el Gobierno nacional anunció la intervención por 180 días de Edesur. La medida llegó junto con la caída de las temperaturas en el AMBA y después de una serie de multas, advertencias y colocación de veedores, todas alternativas a una decisión de fondo como podría ser la quita de la concesión.
La intervención, en términos del propio ministro de Economía, Sergio Massa, no implica el acceso del Estado al control de la empresa distribuidora. Más bien, el intentendente Jorge Ferraresi, de Avellaneda, estará a cargo de un proceso que tendrá como fin "fiscalizar el cumplimiento de las obras y, por sobre todo, el cumplimiento de la mejora en el servicio".
En declaraciones a Radio Continental, la secretaria de Energía, Flavia Royón, dio más detalles. Dijo que entre sus funciones el interventor tendrá que "llevar el control de la caja de la empresa y de las cuentas que se están pagando", algo que "decisión que hemos tomado para poder dar una rápida respuesta porque una quita de conexión u otra figura demandaba más tiempo de estudio para poder hacerlo bien sin perjudicar los intereses del Estado".
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Como se mencionó, la decisión comunicada el lunes a la noche por Massa fue la última de una seguidilla de anuncios vinculados a multas millonarias, advertencias y hasta una denuncia penal ante los cortes de energía que vienen afectando a miles de usuarios.
En febrero pasado, además de una sanción por mil millones de pesos, el Gobierno anunció la colocación de veedores en la empresa. Sin embargo, Royón dijo que el control que ejercían se ejecutaba luego de detectadas las fallas, con lo cual "necesitábamos una figura para poder trabajar en tiempo real", algo que hará la intervención.
"Hay muchos años de desinversión y no se va a solucionar el problema en pocos meses", manifestó.
Por qué intervenir y no "estatizar"
El proceso anunciado por el ministro de Economía se dio en un momento particular: mientras el país vive una severa crisis económica, la empresa Enel, titular de Edesur, viene de anunciar la puesta en venta de la firma a causa de un proceso de desinversión de los activos en Argentina.
Para Juan José Carbajales, especialista en energía y titular de la consultora Paspartú, "esta intervención es fruto de la denuncia penal contra el Directorio, e implica una respuesta no de fondo sino coyuntural para que el Gobierno demuestre que el tema le preocupa y que no puede seguir la situación actual". A su vez, en declaraciones a PERFIL analizó que la medida implica un reconocimiento "de que el Estado no puede ir a fondo para volver a licitar o nacionalizar. Esas son todas soluciones estructurales que parecen no estar en carpeta".
Massa junto a las autoridades energéticas, anoche durante el anuncio.
El especialista, que fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, sostuvo en relación a la "estatización" que "si bien se trata de un servicio público vital y no puede ser descontinuado, no es estratégico para el Estado, es decir, no hay cuestiones de Ciencia y Tecnología, de seguridad nacional; no es YPF, ni Invap, ni Impsa".
De todos modos, la quita de la concesión no está descartada. Al menos así lo expresó Royón esta mañana en El Destape, cuando afirmó: "Para la quita hay que hacer un trabajo responsable para que el Estado no tenga mayores gastos. Era necesaria una acción inmediata. Si no hay cumplimiento, se va a avanzar con la quita de la concesión. Massa quería una acción rápida”.
Entre los motivos por los que no se avanzó en esa medida de fondo por el momento, claro que se tiene en cuenta la crisis económica. Pero no es el único factor.
El riesgo de otro conflicto ante el CIADI
Como ocurre en toda prestación de servicio regulada, atrás hay un contrato. Prevé derechos, obligaciones, términos y condiciones. En el caso de Edesur, ese contrato está vigente desde 1992, cuando el Estado, durante el Gobierno de Carlos Menem, decidió privatizar el servicio.
Las protestas se multiplicaron en las últimas dos semanas.
Claro que a lo largo de los años se han rediscutido algunos puntos de esas cláusulas. Otras no, como por ejemplo las consecuencias que tendría el incumplimiento de los términos del propio contrato.
Ahí aparece en escena el riesgo Ciadi. La sigla es del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el triibunal del Banco Mundial en el que se dirimen los conflictos entre el Estado y las empresas privadas, donde Argentina ha enfrentado y enfrenta litigios en los que están en juego millones de dólares.
El país ha tenido una veintena de expedientes en ese organismo, de los cuales en la actualidad hay siete en desarrollo, de acuerdo a la información publicada en el sitio oficial icsid.worldbank.org. Dos de ellos están catalogados como conflictos de operaciones de generación y distribución de electricidad.
Se trata de "AES Corporation c/ República Argentina", un reclamo iniciado en 2002 relacionado a las participaciones de la empresa norteamericana en compañías generadoras y distribuidoras. La última actuación fue el 23 de enero del 2023, cuando el Tribunal que lleva el pleito emitió una orden procesal.
El otro conflicto que enfrenta el país ante el CIADI vinculado a la energía es "Orazul International España Holdings S.L. c/ República Argentina". El reclamo relacionado a la participación de la mencionada empresa se inició en 2019 y está en culminación de la etapa de recolección de pruebas.
"Históricamente el CIADI le ha dado la razón a los contratistas, a los concesionarios", dijo Carbajales. Ese es el dato que lleva a pensar en que el riesgo de un nuevo conflicto ante este centro sea latente, mientras hay otros cuatro iniciados en pleno desarrollo.
