Desde el Ministerio de Economía se esforzaron en explicar que la intervención no implica modificar en ningún sentido la propiedad de la empresa. Así lo informó Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
La aclaración es vital, ya que elimina cualquier riesgo de que Enel recurra al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial donde tramitan los litigios entre las empresas y los Estados. Así también se respondió a los pedidos que, con cierta ligereza, apuntaban a que el Estado Nacional asuma la concesión.
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La intervención será “no operativa”, es decir, el Gobierno no controlará la empresa, sino que podrá monitorear su funcionamiento, en particular la realización de las inversiones comprometidas y la prestación del servicio.
Edesur, que presta servicios a 2 millones de hogares, es propiedad del grupo italiano Enel, que en noviembre había anunciado su decisión de salir de la Argentina y de la región.
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Desde entonces, el Gobierno escaló la tensión primero con la resolución de multas por 2.700 millones de pesos por deficiencias en el servicio y luego con una denuncia penal a todos los integrantes del Directorio de Edesur.
Esas acciones desembocaron en la intervención anunciada ayer.
FM JL
