La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer actuar como querellante en la causa que investiga al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en desmedro del interés del Estado nacional.
En una presentación ante el juez Julián Ercolini, requirieron la inhibición de bienes de las firmas bajo sospecha: Ausol, GCO y Albertis, vinculadas a la familia Macri. La movida busca no solo darle nuevo impulso a la causa sino también impedir que los imputados se desprendan de los bienes que podrían verse afectados en caso de una condena resarcitoria.
Un día antes, la Cámara Federal había anulado los procesamientos a los ex ministros de Macri, Nicolás Dujovne (Economía) y Dietrich, por las presuntas irregularidades en la concesión de peajes. Los procesamientos habían sido dispuestos por el juez Rodolfo Canicoba Corral en las últimas horas antes de jubilarse, lo que generó controversia.
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Ahora, la Cámara Federal, que integran Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, dieron marcha atrás con la situación procesal de los dos ex ministros. Los camaristas revocaron la decisión de Canicoba con el argumento de que los acusados no tuvieron derecho a defensa, porque las indagatorias previas a los procesamientos se llevaron a cabo con documentación que el juez mantuvo oculta.
Según Irurzun y Bruglia ni siquiera después de las indagatorias la defensa de los acusados pudo acceder a esa documentación. “Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa”, escribieron los magistrados.
En la causa que inició Canicoba Corral y que ahora continuará en manos de Julián Ercoloni –quien lo reemplazó– se investiga si tanto Dietrich como Dujovne y otros funcionarios, como el Procurador del Tesoro, beneficiaron a concesionarias Autopistas del Sol y del Oeste, con la prórroga de los contratos hasta 2030. Para la hipótesis judicial original, hubo posible administración fraudulenta ya que las concesionarias, según dijo Canicoba, no cumplían con los requisitos.
En el medio, además, hubo un acuerdo entre el Estado, impulsado por el macrismo, a favor de Autopistas del Sol, a la que se le reconoció una deuda millonaria a cambio de retirar una demanda en el CIADI que fue presentada días antes de que Macri asumiera como presidente en 2015. Años después, cuando el gobierno de Cambiemos acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta 2030, se retiró. Significó, en la práctica, el reconocimiento de una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
