Tras una medida solicitada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellantes en la causa conocida como “Ruta del dinero”, solicitaron que se cierre el expediente que la tiene involucrada. Ambos organismos entienden que ya no quedaría ninguna medida de prueba por producirse que afirme su vínculo con la causa por la que ya fue condenado Lázaro Báez. Esto podría derivar en su sobreseimiento.
Hasta el momento, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan han buscado establecer si existió relación entre Kirchner y las maniobras de lavado del empresario, quien actualmente cumple una condena de 12 años. Tanto Báez como Kirchner han negado esta relación.
Existen aún medidas de prueba en curso ordenadas por Casanello. La defensa de la ex presidenta pidió anularlas junto con su solicitud de sobreseimiento. Entre ellas, un entrecruzamiento de llamadas entre personas del entorno de ambos implicados y declaraciones testimoniales a empleados del Banco de Santa Cruz, con el que operaba Báez.
La UIF y la AFIP no son las primeras en manifestar su falta de interés en el expediente. A poco tiempo de haberse efectuado el cambio de Gobierno, la Oficina Anticorrupción ya había renunciado a participar de la causa.
“Toda vez que esta parte –en cuanto a su especialidad– no considera pertinentes nuevas medidas probatorias, las cuales, de corresponder, hubieran sido ofrecidas, entendemos que V.S: se encuentra en condiciones de resolver lo que por derecho corresponda conforme el estado del presente sumario”, señaló la UIF en el escrito que presentó al magistrado. El organismo es dirigido por Juan Carlos Otero, abogado cercano a Máximo Kirchner.
Por su parte, la AFIP, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, indicó: “Entendemos respetuosamente que los elementos reunidos en la causa permitirán a V.S. meritar la situación procesal de la nombrada y resolver conforme a derecho”.
De ser sobreseída, el fallo se sumaría a los otros resultados judiciales que han sido favorables a la vice desde que asumió la presente administración: Dólar Futuro, Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, que aún esperan definiciones de la Casación.
Queda esperar la opinión del fiscal, quien pidiera en noviembre las últimas medidas de prueba que Cristina pretende dejar sin efecto.