Casi una cuarta parte de los aportantes de campaña declarados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante 2017 son personas de bajos recursos, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Así surge del análisis realizado en el juzgado federal número 3 de La Plata, actualmente a cargo de la única investigación penal contra el oficialismo por presunto lavado de dinero, falsedades ideológicas y posibles dádivas en la recaudación realizada por el partido de Gobierno para las elecciones legislativas del año pasado.
El juez Ernesto Kreplak ya identificó 4.721 aportantes físico a esta campaña. Entre estas personas, unas 1.147 son beneficiarios de planes sociales (567) y monotributistas sociales (580). Estos hombre y mujeres conforman el universo de los contribuyentes más sensibles de Cambiemos y equivalen al 24,3 % del total de aportantes físicos.
Muchos de ellos habitan en zonas humildes del Gran Buenos Aires. Decenas de ellos ya testificaron ante la Justicia para confirmar que nunca pusieron dinero en la campaña, a pesar de que sus nombres figuran en la lista oficial entregada por el partido para justificar de dónde sacó el dinero para financiarse. Sus contribuciones, en muchos casos, son en pequeños montos, lo que demostraría que los recaudadores sabían a quiénes estaban utilizando para blanquear fondos de campaña.
Otro grupo también está siendo analizado por el juzgado platense. Hay 2.556 monotributistas en la lista de contribuyentes a la campaña. Representan el 54 % de los aportantes físicos. Otro dato llamó la atención de los investigadores: el 22,7 % de los monotributistas que aparecen aportando dinero, son monotributistas sociales.
La AFIP, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Justicia Electoral brindaron información solicitada por el juzgado que permitió completar el perfil de los aportantes. A partir de esos datos, el equipo de Kreplak, además, comenzó a estudiar a los aportantes que figuran con sumas más elevadas y sobre los empleadores de éstas personas. Estos casos aparecen en menor cantidad en esta campaña.
Una de las hipótesis centrales en este caso es que empresarios con contratos con el Estado (especialmente con la Ciudad de Buenos Aires, pero también con Nación) prestaron los nombres de sus empleados a Cambiemos, con el fin de que los utilizaran para blanquear aportes con cifras más elevadas. Tal es el caso de la empresa de seguridad privada Murata, como publicó Perfil. Sus empleados figuran aportantes en la primaria 2015 y en la presidencial 2015 de Mauricio Macri, y en la elección bonaerense de 2017.
Mañana, comenzará una nueva ronda de testigos. Se trata de quienes figuran como los aportantes de unos 172 depósitos en cajeros automáticos de una sucursal del Banco Nación de Recoleta, en avenida Alvear, casi Callao. Son 24 personas que figuran realizando 172 aportes el 4 de octubre de 2017 en un rango de dos horas.
En esta campaña, Cambiemos declaró aportes por más de $ 86,2 millones. El 96,6% de esos fondos se “aportó” en efectivo, lo que dificulta establecer el origen del dinero. Ahora, la Justicia también sabe que casi la totalidad de los aportes en efectivo luego se bancarizaron en la cuenta corriente de Cambiemos Buenos Aires. Sin embargo, no se bancarizó en La Plata, donde está inscripta la cuenta, sino a metros de la sede del Gobierno nacional, en la sucursal Plaza de Mayo.
Zona de riesgo
El jueves, el caso de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires volvió a entrar en zona de riesgo. El juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que el magistrado electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu, sea quien decida el futuro próximo de la única causa penal que queda en pie. Ziulu ya opinó que los hechos deben investigarse sólo como irregularidades electoral y no como lavado de dinero, falsedades ideológicas y dádivas.
Los antecedentes contradicen la decisión. En junio de 2016, el juez federal Ariel Lijo procesó por lavado de dinero a los recaudadores de la campaña 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos. La maniobra detectada: Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo blanquearon fondos de origen desconocido con la complicidad de dueños de droguerías y empresas de salud que tenían negocios con el Estado.
Los números
- Total aportantes físicos: 4.721 personas
(Cambiemos Buenos Aires 2017)
- Aportantes bajos recursos: 1.147 personas (24,3%)
- Beneficiario planes sociales: 567 personas
- Monotributistas: 2.556 personas
- Monotributistas sociales: 580 personas
