POLITICA

Un exempleado de las Madres les ganó un juicio laboral

Pablo Soler trabajaba como "seguridad" en las viviendas de Lugano hasta el escándalo de Sueños Compartidos. Cuánto pagarán.

Schoklender junto a Hebe de Bonafini. Deberán indemnizar a un trabajador.
| Cedoc

Un ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien trabajaba como “seguridad” en el desarrollo de viviendas sociales en el barrio porteño de Lugano y fue despedido cuando estalló el escándalo con los hermanos Schoklender, le ganó un juicio laboral por más de 25 mil pesos.

Según documentación a la que tuvo acceso DyN, Pablo Damián Soler entabló el juicio contra la Fundación en virtud del despido “sin causa” que sufrió el 9 de agosto de 2010, cuando amanecía el conflicto entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la administración de fondos públicos en el plan de viviendas sociales Sueños Compartidos.

Soler denunció que ingresó a prestar servicios bajo dependencia de Madres “a fin de realizar tareas de seguridad el 10 de marzo de 2010 en la sede ubicada en el complejo Lugano 1 y 2 de esta ciudad, cumpliendo un horario de lunes a sábados de 9 a 17, por lo que percibía una remuneración mensual de 3.206 pesos”.

En ese contexto, el 9 de agosto de ese año “fue despedido sin causa y pese a sus reiterados reclamos, la accionada nunca le abonó la liquidación final indemnizatoria”. El juez laboral de primera instancia Fernando Vilarullo, primero, y la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, ahora, le dieron la razón al trabajador y condenaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a indemnizarlo con “la suma de 25.301,30 pesos con más los intereses”; la entidad humanitaria deberá pagar, además, las costas del juicio.

Ambas instancias tomaron en cuenta que la propia Fundación admitió la presencia laboral del trabajador en el complejo Lugano 1 y 2, donde –reconoció- “no realizó otra tarea en ese lugar que no fuera la relacionada a la construcción de viviendas sociales”.

Los jueces Miguel Ángel Pirolo y Miguel Ángel Maza, además, rechazaron incorporar al trabajador al régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción, creado por la ley 22.250, sancionada durante la última dictadura (en 1980) e invocada por Madres de Plaza de Mayo.