La justicia porteña le volvió a marcar la cancha al gobierno porteño. A fuerza de amparos sobre derechos vulnerados en el contexto de la pandemia, los jueces de la Capital se convirtieron en un actor incómodo para Horacio Rodríguez Larreta. El juez Aurelio Ammirato se focalizó en un subtema especialmente preocupante para la administración de la ciudad: los contagios masivos en geriátricos.
Según datos del propio gobierno porteño, los infectados en instituciones de adultos ya suman 2.236. Y los muertos, 238. En los geriátricos porteños ya se realizaron 25.650 tests. El oficialismo a su vez registró que en 265 instituciones hubo al menos un caso positivo de Covid-19.
Ante ese panorama, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario le ordenó al alcalde Rodríguez Larreta que emprenda una campaña de testeo preventivo en todos los geriátricos privados de la ciudad, dirigida tanto para los residentes como para sus trabajadores. Le dio un plazo de cinco días para implementarla.
Ammirato aclaró en el fallo que los testeos "deberán ser llevados a cabo con frecuencia semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la circulación comunitaria del virus y, por tanto, el riesgo de contagio". El amparo fue promovido por el geriátrico Geri SA, ubicado en Caballito. Y lo difundió el sitio iJudicial.
La situación de los geriátricos en Buenos Aires
Según pudo averiguar PERFIL, más de diez geriátricos ya presentaron amparos similares al concedido el miércoles pasado por el juez Ammirato. Algunos incluso están a la espera de que defina la Cámara de Apelaciones.
Tras el planteo de Geri SA, el Ejecutivo porteño hizo una serie de objeciones: aseguró que el amparista no se encuentra legitimado para interponer la acción; negó que exista urgencia, ni derechos constitucionales afectados; rechazó que el gobierno haya vulnerado derecho alguno de los pacientes o del personal que trabaja en el establecimiento. Remarcó que Geri "es una institución privada y como tal no se encuentra impedida de adquirir y abastecerse de los test que exige de su contraparte". Y cuestionó el posible antecedente planteado: "De articularse por vía judicial pretensiones análogas, se haría imposible dar satisfacción a todos los demandantes, circunstancia que no se relaciona únicamente con una cuestión presupuestaria sino también con la escasez de recursos".
El larretismo tiene tiempo para apelar hasta el martes próximo. Y así lo hará. Por tratarse de un amparo (a diferencia de lo que sucede con las cautelares), al apelar se suspende de inmediato la sentencia.
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Según el juez, el amparo excede el interés del geriátrico que hizo el planteo, sino a "todos los establecimientos en su conjunto y a toda la sociedad dado que la salud pública es un bien indivisible". Así le retrucó al oficialismo. Ammirato a su vez le tiró las orejas al larretismo en sus fundamentos: "Los protocolos vigentes prevén medidas estrictas y efectivas, pero resultan insuficientes dado que los testeos, que actualmente comprenden únicamente al personal, deben alcanzar también a los residentes".
Al final de su sentencia, subrayó que el Estado cuenta con una responsabilidad indelegable. "Esta prestación no es exigible a los geriátricos, dado que no está entre sus obligaciones legales, en tanto que indudablemente es deber del Estado proveer a la salud pública, e implementar para ello todos los dispositivos y recursos a su alcance para proteger a la población y enfrentar este flagelo que azota a la sociedad", detalló el juez.
La cuarentena se convirtió en una etapa amparo-friendly en contra del gobierno porteño. Los reclamos urgentes, presentados por trabajadores exceptuados del aislamiento y expuestos a riesgo de contagio, fueron escuchados por varios jueces de la Capital. Tanto por los que tienen una mirada crítica hacia la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, como por aquellos que guardan cierta afinidad ideológica con el oficialismo. Más de 100 amparos fueron concedidos por los magistrados porteños, desde el inicio de la cuarentena.
