Una causa con casi 26 años, miles de fojas y cada vez menos expectativas

La causa AMIA acumula, tras casi 26 años, miles de fojas y, a medida que pasa el tiempo, cada vez es menor la expectativa. El primer juicio terminó en un escándalo y derivó en numerosos procesos por encubrimiento, uno de los cuales finalizó con condenas para los funcionarios judiciales Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y Carlos Telleldín, quien también enfrenta un juicio por su presunta participación en la venta de la camioneta usada en el atentado.

Desde la muerte de Alberto Nisman, en 2015, pasaron por la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA siete fiscales: cinco de ellos y un coordinador, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó en la Procuración, y uno nuevo con Eduardo Casal.

El fiscal Sebastián Basso comenzó con dedicación parcial y, desde septiembre, tiene dedicación exclusiva. En diálogo con PERFIL, explicó que “se avanza tratando de determinar los puntos no aclarados de la investigación”. En paralelo a la denominada “causa principal” está el juicio a Carlos Telleldín (último tenedor de la Traffic que habría sido usada en el atentado), que es llevado adelante por los fiscales Roberto Salum y Santiago Eyherabide, ex ocupantes de la UFI que aceptaron continuar con la tarea del juicio.

Salum también está a cargo de las apelaciones por el proceso de encubrimiento en el que fueron condenados los funcionarios judiciales Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y Telleldín, por recibir 400 mil pesos para señalar a una banda de policías. En ese proceso también fue absuelto el ex presidente y actual senador Carlos Menem. Además, ante la Cámara de Casación Federal se apela lo resuelto en el juicio por encubrimiento, algo que también sigue en manos de Salum.

Basso contó que recibieron recientemente información adicional sobre Salman Raouf Salman, quien vivió en la Argentina con la identidad falsa de Salman El Reda, y que fue identificado en un escrito del fiscal Alberto Nisman en 2009 como el integrante del Hezbollah que habría orquestado la logística del atentado. En julio, bajo la actual gestión de la fiscalía, pero con el gobierno anterior, Estados Unidos había sancionado a Salman y ofreció siete millones de dólares por su captura.

“De Paraguay se recibió información que acredita que Salman vivió allá y que tuvo múltiples identidades, lo que avala que se trata de un miembro activo de Hezbollah”. El fiscal también explicó que hubo intercambios por el tema con Brasil, aunque sin elementos concluyentes aún. Consultado sobre cuál fue la última medida de importancia en el expediente, señaló el congelamiento de activos de los acusados en el caso y de Hezbollah, a lo que se llegó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Siempre fuimos realistas en cuanto a lo difícil que es asumir un caso tan complejo y a tantos años del hecho; pero por eso mismo, pensamos que quien asume debe extremar sus esfuerzos al máximo, algo que no siempre hemos visto en la UFI AMIA pos Nisman” explicó Miguel Bronfman, abogado de las querellas de AMIA y DAIA. Valoró, igualmente, que se haya decidido otorgarle dedicación exclusiva al fiscal Sebastián Basso, quien en un primer momento se desempeñó a tiempo parcial.

Diana Wasserman, de Memoria Activa, reivindicó el trabajo de los anteriores fiscales y reiteró las críticas contra Basso con quien, aseguró, no tienen contacto. “A las querellas no nos presentó nada, estamos esperando que cambie el procurador para realizar la recusación formal contra Basso”. El fiscal es sobrino de una camarista fallecida que fue involucrada como parte del entramado de encubrimiento que culminó en el juicio del año pasado.

Cinco buscados por la Justicia

La causa AMIA tiene cinco iraníes con pedidos de captura vigentes, entre ellos Moshen Rabbani. En la UFI AMIA aseguran que el tema de las alertas pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien avisa a la fiscalía, quien luego eventualmente pide al juzgado las medidas necesarias.  “En el caso de (Ali Akbar) Velayati”, quien era ministro de Relaciones Exteriores de Irán en 1994, “fue la querella de AMIA y DAIA quien le hizo saber a la fiscalía que estaba realizando en noviembre pasado un viaje para una cumbre interreligiosa en Azerbaiyán, porque alguien nos avisó”, contó el abogado de esta querella Miguel Bronfman. “No es algo que tengamos que hacer nosotros, sino que lo deberían hacer los responsables de la investigación”, apuntó el letrado, quien también recordó un viaje a Turquía en 2019 de Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en la Argentina en el año 1994.