La fiscal general Gabriela Boquin está dispuesta a llegar hasta el final. Si los jueces de la Cámara Comercial deciden validar el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que perdona una deuda millonaria a la familia del presidente Mauricio Macri, la funcionaria llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
Boquin viene dictaminando desde el 31 de diciembre en contra del acuerdo para cerrar el concurso preventivo del Correo Argentino abierto desde 2001, cuando estaba en mano de las empresas del Grupo Macri. Ya emitió tres dictámenes, que se conocieron esta semana, en los que reveló que el Estado aceptó una quita millonaria a la deuda de la empresa.
Desde que asumió como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial de Capital Federal, Boquin intervino en decenas y decenas de concursos y quiebras. Pero el caso del Correo Argentino es el más sorprendente de su carrera. En su entorno, la fiscal asegura que sólo puede compararse con la quiebra de Ciccone Calcográfica, el caso que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou, en el que el comportamiento del Estado y las irregularidades le resultaron similares. Pero el caso del Correo tiene matices más evidentes: sostiene que es abiertamente a favor de la familia presidencial.
Boquin tiene 47 años, perfil bajo y académico. Es especialista en concursos y quiebras, pero también dirige el Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor, que asiste a los fiscales de su fuero en las investigaciones. En su entorno la definieron como una descreída de la clase política. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeña como docente en la UCA La Plata y la UBA. Incluso tuvo un paso por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Encabezó su propio estudio jurídicos desde 1995 hasta que asumió, en febrero de 2015, como fiscal. Como abogada privada asesoró a empresas, síndicos y acreedores de concursos preventivos. Fue asesora de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ejerció varios cargos en el Colegio de Abogados de Capital Federal.
Mientras el Ejecutivo criticaba sus dictámenes y la asociaba a la agrupación Justicia Legítima, Boquin se percató el jueves por la mañana de un trascendido que hizo circular el propio Gobierno a través de un medio: a cambio de la quita de la deuda, los Macri se habían comprometido a bajar una contrademanda al Estado por la expropiación del Correo en 2003. Boquin fue por más. Encontró un “doble negocio”: 15 días antes de la audiencia en donde se acordó la quita de la deuda, la familia Macri había iniciado esa demanda reclamando un interés del 11% hasta 2009. Al Estado le había ofrecido una quita del 7% a partir de 2018. La balanza se inclinaba siempre para el mismo lado y el Estado decía que sí. En base a la nueva información, Boquin firmó un nuevo dictamen y acusó a los Macri de “mala fe procesal” por no haber informado a la Justicia que mientras negociaban su deuda demandaban al Estado.
Para la fiscal el acuerdo es “abusivo” y el Estado terminará cobrando una tasa de intereses “irrisoria”, a años luz de la inflación. Según el cálculo de la perito Judith König, el acuerdo implicaría una quita actual de más de $ 4 mil millones y de más de $ 70 mil millones a 2033. El año que viene, si ese acuerdo es homologado, los Macri sólo deberán pagar al Estado $ 296 mil. Lejos de ese acuerdo, Boquin afirma que si el Estado se lo propone, puede recuperar todo lo que los Macri le deben.
Reclamo en el Congreso
La oposición quiere que el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre el acuerdo con la empresa de Franco Macri.
El pedido fue presentado por el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, a través de un proyecto presentado ayer. Aguad había dicho que estaba “dispuesto a escuchar alternativas” de la oposición frente al cuestionado entendimiento entre el Estado y la empresa de Macri, por la rescisión del contrato del Correo Argentino.
El Bloque Justicialista quiere que Aguad también explique si se habían establecido “mecanismos de prevención de posibles hechos de corrupción” o para “evitar potenciales conflictos de interés fueron puestos en funcionamiento antes de decidir sobre un conflicto judicial entre la familia del Presidente y el Estado”. La bancada kirchnerista también había reclamado que Aguad asistiera al Congreso para brindar informes sobre el acuerdo. El Gobierno evalúa ahora la conveniencia de enviar al ministro a dar explicaciones.
