Daniel Scioli se presentó este jueves en la Justicia acusado de beneficiar con fondos públicos a un empresario con el que habría compartido negocios privados. Sin responder preguntas, el ex gobernador bonaerense dejó un escrito de 50 páginas en el que negó la imputación ante el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta.
“No es cierto”, dijo el ex gobernador sobre las posibles irregularidades en las contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho unidades de pronta atención (UPA) a cargo de la firma Miller Building de Ricardo Miller.
“Todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los Organismos de la Constitución (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia) y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad. No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado”, detalló Scioli.
Además sostuvo: “No intervine directamente en la gestión de los expedientes de las licitaciones” y agregó que los contratos también fueron validados por organismos como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cluto de la Nación “quienes confirmaron el encuadramiento legal”.
Sobre los nexos entre Scioli y Miller y el posible beneficio con fondos públicos a este empresario, el actual diputado nacional sostuvo que: “Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso”.
En la presentación, el ex gobernador pidió que se agregue a la causa un dictamen elaborado por Carlos Botassi, abogado y reconocido especialista en derecho administrativo quien, a pedido de los abogados de Scioli, realizó un informe en el que analiza los contratos investigados. En esta pericia, el abogado rechaza la imputación del fiscal: “La circunstancia de que Miller haya obtenido el contrato en todos los concursos de los cuales participó encuentra explicación en su alto grado de especialización y eficiencia que resultan de público y notorio en el medio de la construcción industrializada”, detalló Botassi. Quien agrega: “Resulta imposible presumir la existencia de irregularidades cuando se han superado media docena de controles contemporáneos al trámite a cargo de organismos especializados. Semejante batería de controles llevados cabo por organismos que cuentan con personal profesional calificado, amerita considerar con estrictez las presunciones contrarias a la regularidad de los trámites”.
Vuelos en helicóptero
El fiscal investiga si fruto de este vínculo, durante su gestión, el ex funcionario hizo uso de los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II propiedad de Miller. “Jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor, como se me imputa haberlo hecho en ¡78! oportunidades. Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes, no me encontraba en Villa La Ñata”, se defendió Scioli, quien presentó evidencia de que en las fechas que se le imputa haberse subido en los helicópteros, se encontraba en otros puntos del país. La sospecha del fiscal tiene que ver con que estas aeronaves aterrizaban en el helipuerto de Villa La Ñata. Esta base es una de las plataformas públicas de la zona que usan habitualmente diferentes empresarios. “Que aterrizaran ahí no significaba que todos iban a la casa de quién era gobernador o que el entonces gobernador se tomara esos vuelos”, explicó la defensa.
La otra vinculación entre Scioli y Miller en la que pone la mira el fiscal es la existencia de un alquiler de un inmueble en Villa La Ñata, destinado a un emprendimiento turístico. “Nunca recibí dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía con una persona especializada en organización de eventos; y luego con una sociedad que no era proveedora del gobierno provincial. Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación”, dejó escrito el ex gobernador.
Sobre la posibilidad de que el actual diputado haya dado instrucciones para favorecer a Miller, Scioli enfatizó: “Jamás di instrucción a nadie para favorecer a ningún proveedor, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”.
