A lo largo de esta semana la Justicia escuchó los testimonios del chofer, el enfermero y el empleado administrativo que viajaron en una combi desde el Hospital Posadas hacia el Ministerio de Salud de Nación a inocular a un grupo de personas, en el denominado escándalo del vacunatorio vip. Se trata del caso que hace dos semanas terminó con el hasta entonces ministro Ginés González García presentando su renuncia al cargo, tras un pedido del presidente Alberto Fernández. Las declaraciones fueron en línea con lo que había dicho previamente el director del hospital, Alberto Maceira, respecto de las órdenes de la cartera nacional respecto de vacunaciones.
En el caso hay cuatro imputados: González García; su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio, Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé, y el secretario de la cartera, Alejandro Collia. Para esta semana está previsto que declaren funcionarios del Ministerio de Salud. De momento, los delitos que se imputan son: violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pero claramente eso puede ir mutando.
El expediente se inició 48 horas después de conocido públicamente y es instruido por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano. Ambos trabajan puntualmente sobre lo sucedido con unidades asignadas al Hospital Posadas y cómo se utilizaron. Eventualmente se espera que hagan extracciones de testimonio respecto de otras situaciones que pueden aparecer en el devenir del caso.
La investigación se dedica a mirar estrictamente si se desviaron dosis asignadas al hospital y quiénes las recibieron, apuntando a personas que no cumplían criterios de prioridad. En ese sentido van desgranando de los listados, nombre por nombre, categoría por categoría, quiénes fueron vacunados, con datos del Nomivac.
En paralelo, también se está relevando si todos los empleados del Posadas que debían recibir las dosis las recibieron o bien cuándo sería la fecha tentativa en que finalmente la tendrían.
Los registros de las cámaras de seguridad del Ministerio de Salud son otros de los puntos de análisis. Capuchetti ordenó que ese estudio se haga en su juzgado, para evitar que haya filtraciones. Además de la información recogida en el allanamiento a esa cartera, en el que además se tomaron fotografías y se realizaron croquis. Los testigos que fueron a declarar llevaron también documentación.
Para esta semana se esperan las testimoniales de empleados del Ministerio. Se trata de Claudia Beatriz Rivero, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Roberto Belloso, del área de Seguridad, y Juan Manuel Castelli, director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles (de dónde dependería el Nomivac).
Además, aunque sin fecha aún, se espera la declaración testimonial de la intelectual Beatriz Sarlo, quien declaró que le habían ofrecido una vacuna y que ella declinó de la oferta. Públicamente, Sarlo se negó a dar mayores datos, pero citada por la justicia está obligada a darlos.
