La triple fuga de General Alvear dejó al descubierto el grave problema que atraviesan las 55 cárceles que tiene la provincia de Buenos Aires, donde viven hacinadas 32.507 personas, a pesar de que hay capacidad para 27 mil, según datos oficiales.
En este marco, el gobierno de María Eugenia Vidal comenzó a trabajar en un rediseño de la política penitenciaria que incluye promesas de aumentos salariales, formación de efectivos con especialistas del exterior, la construcción de tres nuevas cárceles, un trabajo conjunto con Desarrollo Social y la normalización de los servicios básicos tras una deuda de más de un año con proveedores de comida, gas y medicamentos.
A pocos días de asumir Vidal empezó a preparar una reforma del área de Seguridad. Sin embargo, al poco tiempo, se percató de que si no involucraba al Servicio Penitenciario Bonaerense cualquier plan fracasaría. Fue así que envió, a último momento, un proyecto para declarar la Emergencia del Servicio Penitenciario. Los primeros datos que le llegaron a Vidal eran alarmantes: cerca de dos mil detenidos en comisarías, hacinamiento (7 mil presos por encima de la capacidad de alojamiento), condiciones paupé- rrimas de detención, sospecha de connivencia con el delito y el narcotráfico fueron algunos de los ejes que la obligaron a presentar el proyecto.
La triple fuga obligó a acelerar los tiempos: la gobernadora lanzó la emergencia por decreto y le pidió a sus funcionarios que preparen un plan que integre el patronato de liberados, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Justicia conducido por Carlos Mahiques, de quien depende el servicio penitenciario.
Los datos oficiales que yacen en los despachos son preocupantes: hay una sobrepoblación que supera los siete mil detenidos (hay capacidad para 27 mil; 32.507 están en cárceles y unos dos mil en comisarias) que son cuidados por 19.422 agentes del Servicio (6.407 oficiales y el resto suboficiales). El primer diagnóstico es un estado “general deplorable”, según señalaron desde el macrismo. Entre las cuestiones más graves, además del hacinamiento, está rota la cadena de pago de insumos básicos: proveedores de comida, gas y medicinano cobran, en los peores casos, hace más de un año. Lo mismo ocurre con los centros educativos de las unidades: tanto a universidades como a centros de estudios se les debe aproximadamente un año.
Según adelantaron a PERFIL en el Ministerio de Justicia, se mejorará el salario de los agentes penitenciarios (en el macrismo reconocen que “son muy bajos”) y habrá planes de capacitación con “otras fuerzas del mundo para entrenar a la fuerza con los efectivos de los países más avanzados”, según explican.
En cuanto a la superpoblación, Vidal pidió comenzar a diseñar tres cárceles nuevas y refaccionar las actuales que, en muchos casos, como la Unidad 5 de Mercedes, se encuentran derruidas. Y trabajarán con el Patronato de Liberados y el ministerio de Desarrollo Social. Fernando Díaz, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, le explicó a PERFIL: “Queremos crear las mejores condiciones posibles para el desempeño de la tarea del agente penitenciario.
No se trata de la mera custodia de los internos, sino la de acompañar su desenvolvimiento en pos de una reinserción social efectiva”. Y prometió: “Vamos a mejorar las condiciones edilicias, se brindará formación y capacitación y se mejorará el salario de los penitenciarios”. Díaz llegó a su cargo luego de que el ministro Mahiques se tomara más de dos semanas para nombrar las nuevas autoridades.
