El diputado nacional del PRO, Marcelo Wechsler, presentó el pasado viernes dos proyectos de ley para preservar a las víctimas de violencia de género y penar con mayores sanciones a quienes incumplan las medidas de restricción impuestas. Ambas iniciativas tienen un mismo fin: proteger a mujeres frente a situaciones de violencia.
El 3 de junio se cumplieron tres años de la primera movilización “Ni Una Menos”, la manifestación de miles de mujeres que se reunieron en 2015 contra la violencia machista y se volvió un grito colectivo. Pese a eso, las muertes de mujeres en manos de hombres no dejaron de acontecer: en lo que va del año se registraron 114 femicidios, según relevó la ONG La Casa del Encuentro.
Iniciativas. Uno de los proyectos plantea la modificación del artículo 239 del Código Penal al tratarse de situaciones de violencia de género, y aumentar en esos casos las penas vigentes -actualmente son de 15 días a 1 año de prisión- y sustituirlas por 1 a 4 años, “a aquel que desobedeciere a las medidas de restricción de acercamiento o de contacto, por sí o por terceros, en el marco de una causa por violencia de género”, sostiene el documento al que accedió PERFIL.
La otra propuesta busca convertir en ley una iniciativa que incorporó la Ciudad: las “Tobilleras Mujeres Seguras”, un dispositivo que se le coloca al agresor y utiliza un sistema de geolocalización para monitorear en tiempo real y evitar que ingrese a las zonas establecidas en la medida perimetral por la Justicia. El proyecto de ley para implementar la pulsera electrónica contempla además que los cargos por el dispositivo, así como los costos que conlleva el monitoreo y el mantenimiento los asuma el agresor, en vez del Estado.
Sobre ambas propuestas, el diputado nacional dialogó con PERFIL y explicó que “los dos proyectos combinan la necesidad de preservar a las víctimas de violencia, y buscan que las perimetrales se cumplan. Hoy cuando hay violación de una medida de restricción no se tiene la pena que se debería tener”. Y argumentó: “Muchos casos de femicidio tienen que ver con que no existen castigos suficientes que se apliquen cuando hay una violación de la medida”.
Jorge Monastersky, abogado penalista que asesoró en ambas iniciativas, comentó a este medio que “el delito de desobediencia -incumplir una orden de restricción o acercamiento- del artículo 239 del Código Penal es una ley genérica. La pena de 15 días a 1 año es baja en relación al riesgo que hay para una víctima”, opinó.
Monastersky trabajó en casos de violencia de género y fue el abogado querellante del caso de Susana Leiva, asesinada por su pareja en Temperley, en 2013. Al ser consultado, detalló que los proyectos fueron pensados en conjunto y afirmó que “la idea no es la pena, sino evitar un femicidio”. “Se busca la prevención con el uso de la tecnología de las pulseras, y por otro lado, aplicar una pena acorde para cuando la restricción se viola”, según explicó el letrado.
Asimismo, el diputado por la ciudad de Buenos Aires explicó que en primera instancia fue consultado y consensuado con el Instituto Nacional de Mujeres (INAM) y desde ese organismo se mostraron dispuestos a una futura implementación. A su vez, dijo que varios legisladores ya manifestaron que darán apoyo al proyecto. Al respecto, Monastersky espera que las iniciativas tengan buena recepción en comisión y a la hora de ser llevadas al recinto. “En estos temas deberían quedar afuera las cuestiones partidarias y apuntar al sentido común, para ver que realmente es en beneficio de la lucha contra la violencia de género”, concluyó el abogado.
De acuerdo a cifras relevadas por la ONG La Casa del Encuentro, en los primeros cinco meses de 2018 fueron asesinadas 114 mujeres. Desde enero hasta el mes de mayo, hubo un femicidio cada 32 horas.
