Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteó su postura sobre la proyección que debe hacerse de la Justicia en Argentina en el marco de la jornada “Nuevos desafíos para una justicia democrática", organizada por la agrupación ultrakirchnerista “Justicia Legítima”, liderada por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
Como parte de la apuesta del Gobierno a consolidarse en la Justicia post 2015 y blindarse en causas de supuestos delitos de corrupción tras nombrar jueces y fiscales afines, los juristas y politólogos alineados con el kirchnerismo se reunieron en el Auditorio, Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional e intercambiaron ideas, deslizaron voces críticas.
Sin lugar a dudas, Zaffaroni fue la palabra esperada por su compromiso con el “modelo”, explicaron los organizadores. El ex ministro de la Corte Suprema de Nación y actual referente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, volvió sobre la premisa de modificar la Corte Suprema y plantear un Tribunal Constitucional. Comenzó su exposición afirmando que “para hacer frente a los nuevos desafíos el Poder Judicial debe repensarse desde adentro”.
Según Zaffaroni, el control difuso de constitucionalidad “tiene que tener un límite”. Lo primero que debe replantearse es la cabeza misma del Poder Judicial, la Corte Suprema. “Si hay una reforma constitucional, lo lógico sería que tengamos un tribunal constitucional que tuviese la potestad de declarar inválida una ley”, afirmó. “Nuestra Corte originariamente está pensada como Corte de control constitucional. Hoy la Corte Suprema es una Corte de Casación”. “Para resolver si una norma es constitucional se necesita saber derecho constitucional. Para hacer Casación no, porque aquí se requiere técnica, doctrina, un especialista en la materia.
“Como nuestra Constitución no establece cuántos ministros tiene que tener la Corte, se puede llevar a 15 el número de ministros. Un control de constitucionalidad de 5 personas es muy peligroso, toda concentración de poder es muy peligrosa, son 5 contra todo el Congreso de la Nación”, afirmó.
En este sentido, es necesaria una cabeza capaz de bajar línea y un Consejo de la Magistratura que sepa administrar en serio y que además tenga vocación de cuerpo.“¿Significa esto politización de la justicia? Sí. La justicia debe estar politizada porque es una rama del gobierno y del Estado. Cada uno lleva sus propias ideas, su cosmovisión. Cada uno interpretará de diferente modo, porque no existe el juez apolítico, aséptico. Se puede interpretar hasta cierto límite. Cuando se pasa ese límite se entra a la partidización. La politización es natural, la partidización es un vicio. La acción debe ser dentro del poder judicial, en el ámbito académico y en la calle, discutiendo las instituciones”.
En tanto, el camarista de Casación y discípulo de Zaffaroni, Alejandro Slokar, integrante de Justicia Legítima, aseguró que “existe un modo diferente de concebir el derecho, la magistratura y la jurisdicción dentro de un sistema democrático". Según el juez, “la legitimidad del poder judicial, dado su carácter no electivo, tiene por fuente “la defensa de los derechos contra los poderes formales y privados en el ejercicio de tutela de los más débiles frente a los más fuertes. Los jueces están para la protección de los derechos de los más vulnerables, y la legitimidad es la confianza y la aceptación social de que así lo cumplen. Lo contrario es la base de su descrédito."
Al referirse a la independencia judicial, Slokar afirmó que “el judicial será democrático no solo cuando asegura resolver un conflicto con ausencia de presiones de poderes formales, sino cuando, y por sobre todo, decide contra los intereses sectoriales tanto económicos, mediáticos, religiosos, que pugnan por mantener un statu quo inequitativo e impiden el avance de los derechos humanos."
Finalmente, Slokar afirmó que el objetivo de Justicia Legítima es “pugnar por la construcción de un poder judicial con la legitimidad para limitar a los poderosos y proteger a los más desfavorecidos".
Slokar es considerado en la Justicia Federal como el “operador” del Secretario de la Legal y Técnica y candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula presidencial oficialista junto a Daniel Scioli, Carlos Zanini.
Otras voces. El encuentro comenzó con la intervención del periodista y politólogo Edgardo Mocca, que afirmó que “el problema de la administración de justicia no se puede pensar al margen del dispositivo institucional del que forma parte”.
Según Mocca, “el conflicto político gira en torno a una tensión institucional entre liberalismo y democracia. La tensión entre la igualdad de los ciudadanos a la hora de votar y la desigualdad a la hora de vivir”. Mocca sostuvo que es clave el derecho de intervención que reclaman las mayorías a través del voto.
Es en este punto en el que se puede introducir el problema judicial. “La cartografía de las cadenas televisivas se traduce en los estrados judiciales en un bloqueo y neutralización de las leyes. Los ejemplos más claros de esta situación son las leyes de democratización de la justicia y la Ley de Medios”.
Respecto de la Corte Suprema, Mocca expresó que hay una “traspolación de sus atributos, porque se convierte en un órgano de evaluación política. Esta restricción democrática significa el bloqueo de leyes aprobadas por el congreso”. De esta forma, “la judicialización de la política es el nombre que se da a una restricción de hecho en la Argentina, y nuestro régimen representativo no tiene respuesta para ese problema”.
Por su parte, Atilio Boron analizó la situación política en América Latina. Luego de un repaso por la historia reciente de la relación entre Estados Unidos y América Latina, el politólogo señaló el pánico que generó la llegada al poder de Chávez, Lula y Correa. “Con la modificación del escenario geopolítico, las instituciones que controlaban a América Latina ya no funcionan”, afirmó. La ofensiva con las protestas en 2013 en Brasil es uno de los ejemplos, el ataque de los fondos buitres con campañas de terrorismo mediático es otro.
Boron afirmó que “la creación de malhumor y tensión social tiene como objetivo dejar exhaustos a los gobiernos”, por lo que es necesario evitar a toda costa la violencia política a través de la militancia y la movilización populares, porque “los golpes blandos no son blandos, son violentos”.
Ante una posible presidencia de Scioli en 2016, la agrupación Justicia Legítima se consolida y apuesta a mantener la estructura e incluso ampliarla, según funcionarios que la integran.
