Toma mate, juega con su hijo más chico, apenas duerme la siesta –lo que le permite el bebé que lleva en su vientre–, y trata de no prender la tele. Así pasa sus días dentro de su casa de Punta del Este, Carolina Arabaolasa. Porque desde el 2 de diciembre pasado cumple prisión domiciliaria luego de que el abogado de Susana Giménez, Pablo Correa, la denunciara por estafar a la diva en cien mil dólares correspondientes a pagos de impuestos de su chacra La Mary.
Desde entonces, su nombre no dejó de sonar en los medios de comunicación seguido de la palabra “estafadora”. Ahora sólo se dedica a jugar con sus hijos y reunirse con su abogado, Martín Etcheverry, para buscar una solución al asunto.
“Carolina es una mujer soltera, con dos hijos y un embarazo de riesgo de tres meses. Sus padres fallecieron y no le quedó familia. Y el padre del bebé no quiere reconocerlo incluso con dos ADN de por medio. Por todo esto y porque no tiene antecedentes, se encuentra con prisión domiciliaria. Ahora estamos tratando de llegar a un arreglo. Mi clienta respondía a las órdenes del estudio contable para el que trabajaba. Y en razón de eso reconoce su parte de responsabilidad”, dice el letrado de Arabaolasa.
Pese a la feria judicial, Etcheverry sigue reuniéndose con el abogado de Susana para llegar a un acuerdo. “Mi clienta asume la responsabilidad de no haber documentado adecuadamente el dinero que a veces Susana le transfería. Quiero aclarar que la deuda no es de cien mil dólares como se dijo sino de unos cincuenta mil; lo que sucede es que se están sumando multas por pagos fuera de término”, explica el abogado.
La causa. Carolina trabajaba para el estudio contable uruguayo, DMP –al que Susana llegó por recomendación de Jorge Rodríguez– que se ocupaba de administrarle su chacra esteña. Y ella era la persona que habían designado para que atendiera personalmente a la conductora. “Era la cara visible”, decía Arabaolasa en exclusiva a PERFIL hace unas semanas.
Entonces detalló: “Susana mandaba un cheque mensual al estudio para los gastos; yo pagaba sueldos, impuestos, el celular de ella y el cable. Y están todas las facturas. El resto, como aportes y cargas sociales, lo hacían desde el estudio. Si Susana me transfería a mí yo sacaba lo que necesitaba para los gastos que tenía a cargo y el resto lo transfería al estudio. También podía pasar que cuando ella venía acá me dejara el cheque en dólares. Yo, o lo cobraba y hacía los pagos; o bien, iba al estudio, y lo dejaba ahí. Evidentemente hay cosas impagas, pero a mí me pueden dar vuelta que no tengo nada”.
Mientras que se investiga la responsabilidad de la joven, la jueza penal de Maldonado, Patricia Borges, hace lo mismo con el dueño del estudio contable DMP, Carlos Dentone. Y abrió otra investigación sobre “manejos de fondos” que hacía el mismo estudio.
