Este año marcará una bisagra en la corona española, ya que por primera vez un juez de ese país no sólo cita a declarar a uno de sus miembros sino que el fundamento utilizado para la comparecencia se basa en la imputación de "supuesto de cooperación necesaria" en un fraude con fondos públicos.
El miércoles último, el juez José Castro imputó a la infanta Cristina en el marco de la causa generada por los delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin y el ex socio de éste, Diego Torres, al frente del Instituto Nóos, que ambos dirigían.
La primera reacción de la corona, tal como lo hizo público al día siguiente, fue de “sorpresa” por la decisión judicial. Quedará para el futuro investigar qué pasó en las horas que sucedieron entre ese miércoles y el día siguiente, pero la hija menor del rey Juan Carlos consiguió ayer que el juez postergara la presentación prevista para el 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca.
En lo estrictamente judicial fue el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Horrach, quien presentó una impugnación porque entiende que no hay motivos para que la infanta declare. Ahora una futura citación a Cristina será decisión de la Audiencia provincial y ésta, de seguir en sintonía con el planteo de inocencia esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción, liberaría a la infanta del cargo imputado por el juez Castro y dejaría sin efecto cualquier citación que éste pidiera.
Según el fiscal Horrach, el análisis realizado por Castro a partir de unos correos electrónicos “constituye meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas en algunos casos, o meras sospechas personales en otros, y que de las mismas no puede inferirse participación en conductas reprochables penalmente”.
En caso de que no prospere el recurso de la Fiscalía y sí el del juez Castro, el rey Juan Carlos ya se agendó un defensor para su hija, el abogado catalán Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución.
Los medios de España se expresaron a gusto. El País, considerado progresista, señaló que “la mejor manera de impedir que la jefatura del Estado, sometida a una enorme presión, caiga en un deterioro insuperable es precisamente que la infanta Cristina comparezca lo antes posible ante la Justicia como imputada”.
Por su parte, El ABC, considerado el diario promonárquico, apuntó: “Este es un caso que está generando un gran daño a la corona y que requiere ser visto en su justa proporción. Si un miembro de la familia real tiene que ser juzgado, que lo sea. Pero no se puede poner en tela de juicio el valor de la institución que cimienta la unidad de la nación española”. Mientras tanto El Mundo, matutino más conservador, auguró “un difícil porvenir para el príncipe Felipe, de 45 años, (..) y que la foto que se tomará el sábado 27 (que por ahora no se hará ya que la infanta no declarará) multiplicará exponencialmente el número de piedras en el camino a la gloria del heredero mejor preparado, más honrado y más sensato desde los Reyes Católicos”.
