Una escena de máxima tensión se vivió el miércoles por la mañana en los Tribunales de San Martín, cuando alrededor de 20 personas irrumpieron a los gritos en el edificio judicial e intentaron amenazar al juez Nicolás Schiavo.
El episodio comenzó cerca de las 11.30 del miércoles 4 de febrero en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5, donde el grupo exigía ver al magistrado. Ante el avance, empleados judiciales improvisaron una barricada en la escalera para impedir que los agresores subieran a los despachos.
Sin embargo, la violencia escaló: los atacantes rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. Según fuentes judiciales, el objetivo era intimidar a Schiavo, quien había intervenido en causas vinculadas a la organización.
Allanamientos previos y vínculos con una banda narco
De acuerdo con la investigación, los agresores estarían ligados a un grupo que fue golpeado por un operativo reciente en Villa Maipú, dentro del partido de San Martín. En ese procedimiento se secuestraron armas de fuego y fueron detenidos seis hombres y tres menores, sospechados de integrar una banda dedicada al narcomenudeo.
La irrupción en tribunales habría sido una reacción directa al avance de esas causas judiciales.
“Fue un hecho grave”: la palabra de la Cámara
Tras el ataque, el camarista de San Martín, Sergio Pilarche, describió el clima de preocupación que se vive en el edificio judicial. Explicó que cada dependencia cuenta con un superintendente encargado de la seguridad y el funcionamiento general.
El magistrado advirtió que la situación no es aislada y que la violencia alcanza a distintos fueros. Señaló que el personal judicial quedó profundamente afectado por lo ocurrido y que el episodio pudo haber tenido consecuencias mayores en un contexto de criminalidad creciente en la jurisdicción.
Repudio del Colegio de Magistrados
El ataque generó un fuerte rechazo institucional. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por lo sucedido.
La entidad advirtió que el hecho expuso “la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales” y que puso en riesgo tanto a magistrados como a empleados y ciudadanos presentes en el edificio.
Además, sostuvo que estos episodios no son aislados, sino que responden a “un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”, y reclamó mayores medidas de seguridad, especialmente en el marco de la desfederalización de delitos vinculados al narcomenudeo.
En el cierre, el Colegio exhortó a los tres poderes del Estado a tomar medidas para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la Justicia, subrayando la necesidad de resguardar la independencia judicial y proteger a quienes integran el sistema.
