El empleo informal volvió a ganar terreno en la Argentina y ya representa una porción cada vez más significativa del mercado laboral. Según relevamientos recientes de especialistas y organismos estadísticos, el aumento de trabajadores no registrados se consolidó en los últimos meses, en un contexto marcado por la desaceleración económica y la pérdida de poder adquisitivo.
El fenómeno abarca distintas modalidades: desde trabajadores sin aportes ni cobertura social hasta ocupaciones precarias o de baja estabilidad, como el cuentapropismo de subsistencia. Sectores como la construcción, el comercio minorista y el servicio doméstico concentran buena parte de esta tendencia, aunque también se observa un crecimiento en actividades vinculadas a plataformas digitales.
Economistas señalan que la informalidad suele expandirse en momentos de crisis, cuando las empresas reducen costos laborales o directamente dejan de contratar personal bajo condiciones formales. A su vez, muchas personas recurren a trabajos informales ante la dificultad de conseguir empleo registrado o como complemento de ingresos insuficientes.
Las consecuencias son múltiples. Por un lado, los trabajadores informales quedan excluidos de derechos básicos como jubilación, cobertura de salud y seguros laborales. Por otro, el Estado deja de percibir aportes y contribuciones, lo que impacta en la sostenibilidad del sistema previsional.
Desde el Gobierno reconocen el problema y aseguran que se trata de una de las principales preocupaciones en materia laboral. En ese sentido, anticipan medidas orientadas a incentivar la formalización, como la reducción de cargas para empleadores y programas de registración simplificada.
No obstante, especialistas advierten que revertir la tendencia requerirá un crecimiento económico sostenido y políticas integrales que apunten a mejorar la calidad del empleo. Mientras tanto, el avance de la informalidad se consolida como uno de los desafíos más urgentes del mercado laboral argentino.
