Las tarifas de los servicios públicos fueron motivo de discordia durante los 12 años del kirchnerismo; por su congelamiento y por su impacto en la inversión. Asimismo, también fueron sinónimo de conflicto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero por los fuertes aumentos, y su consiguiente impacto en el bolsillo de los clientes. Y durante el gobierno actual, parece que tampoco será la excepción.
Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) que ahora deberá reglamentar el decreto que convierte la telefonía, Internet y la televisión paga, en un servicio público como el gas y la electricidad, en diálogo con RePerfilAr, explicó: "Las empresas van a proponer el precio y como en la medicina prepaga el Estado va a analizar costos, inversión y ganancias para decir si lo justifica".
Dura polémica en torno a telefonía, internet y TV como servicios públicos esenciales
Por su parte Martín Becerra, Investigador del Conicet del Gobierno en Telecomunicaciones, rechaza el modelo de congelamiento. "Es un ejemplo de prácticas que inhibe las inversiones", aseguró.
En ese marco, los entes reguladores de la electricidad y el gas están en manos cristinistas y han aconsejado echar por tierra los aumentos dados por Macri. En Edenor, la distribuidora eléctrica de Marcelo Mindlin no reclama un aumento de tarifas, pero advierte que en el 2021 "será necesario" para que aumenten los subsidios a los clientes.
Mientras tanto, el ministerio de Obras Públicas elaboró una auditoría sobre la prórroga macrista de la concesión de peajes de los Accesos norte y oeste con la empresa española, que por el momento está en manos de la Jefatura de gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.
