Desde este martes, el Gobierno Nacional comienza el proceso de intervención administrativa de la empresa Edesur por los próximos 180 días.
Edesur tiene a su cargo la distribución de energía para más de 2 millones de hogares del área metropolitana de Buenos Aires y alcanza una superficie de 3.300 km cuadrados, en las zonas centro y sur de la ciudad y en todo el sur del conurbano.
Su red eléctrica tiene una extensión de 32.500 km y representa el 20% de la energía del país. La empresa surgió del proceso de privatización del servicio eléctrico que comenzó en 1992 y es propiedad de ENEL desde 2008.
En noviembre de 2022 anunció que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías limpias. A partir de allí, la calidad del servicio retrocedió aún más. En el último apagón hubo unos 120 mil usuarios sin suministro, algunos de ellos, durante 15 días corridos.
Los motivos del Gobierno para intervenir Edesur
Desde el Ministerio de Economía explican que intervienen Edesur porque verificaron cuál era la capacidad y la disponibilidad técnica de la empresa en relación al cumplimiento de sus obligaciones como prestataria del servicio.
Corroboraron así que se sucedieron en forma reiterada cortes totales y suministros de media y baja tensión, los cuales representan un incumplimiento evidente y sistemático respecto de los parámetros de calidad a los cuales se comprometió la compañía en el contrato de concesión.
La intervención tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio. Mientras, la Justicia investiga a las autoridades de Edesur por la presunta comisión de delitos de defraudación de derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.
