El anunció del presidente Raúl Alfonsín desde la Casa de Gobierno al masivo público que lo esperaba reunido en la Plaza de Mayo sucedió un día como hoy hace 35 años, en la Semana Santa de 1987.
El Gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las fuerzas armadas que se negaban a aceptar los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Un año antes, en 1986, Alfonsín había sancionado la Ley de Punto Final que imponía un plazo de 60 días para procesar a los acusados y de no ocurrir, no podrían ser enjuiciados luego.
Esta medida no fue suficiente y el año siguiente se produjo una rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”. El fantasma de enfrentarse a algo que se pensaba que por fin había terminado involucró directamente al pueblo argentino.
Sin embargo, los líderes del levantamiento militar decían que el objetivo no era tomar el poder del Estado. Los carapintadas eran dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. La explicación del levantamiento que dio era que querían parar “la campaña en contra del ejército”.
Reapareció Aldo Rico, defendió a los ucranianos y pidió “rearmar a las Fuerzas Armadas argentinas”
Mientras tanto, Alfonsín toma una decisión: el por aquel entonces presidente negoció con los carapintadas la garantía de que no habría nuevos juicios contra los militares. Meses después se concretó la Ley de Obediencia Debida, legislación que establecía que los miembros de las fuerzas armadas no eran punibles ya que cumplían órdenes de sus superiores.
La sublevación se calmó pero algunos consideraron el acto de Alfonsín como una claudicación y otros lo elogiaron por haber sabido evitar un enfrentamiento. “Hoy podemos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre”, concluyó Alfonsín en su recordado discurso.
