Una pareja fueguina está siendo investigada por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Justicia sostiene que en trece meses pasaron de cobrar una asignación universal por hijo a tener un patrimonio casi millonario.
Marcela S.G. tiene 41 años y es chilena. En 2006 se radicó en la provincia insular de Tierra del Fuego. Junto a su pareja argentina Maximiliano B.P., de 36 años, tuvieron un hijo, que hoy tiene 8 años. Según fuentes judiciales, en 2011 ella creó la concesionaria Autos & Autos SRL en Río Grande. Dos años después, junto a su pareja, abrió Dagostini SRL, otra sociedad del mismo rubro.
“La mujer siempre cobró una asignación universal por hijo hasta que pasó a ser propietaria de dos concesionaria de autos usados, más algunos inmuebles de mucho valor. Este negocio se vincula con el lavado de dinero porque se enmarca en la compra y venta de autos y ese dinero, que provenía de un ilícito, se lava o ingresa al mercado legal a través de estas transacciones”, explica a PERFIL el fiscal federal de Río Grande a cargo de la causa, Marcelo Rapoport. Ahora, se ordenó el embargo de seis vehículos que se suman a un embargo anterior de una propiedad y otro automóvil.
La pareja empezó a estar bajo la lupa de la Justicia en 2011, cuando se los empezó a investigar por narcotráfico. “Se le pide un perfil económico del hombre a la Unidad de Información Financiera (UIF). Eso nos dio la impronta de que existiría lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, describe Rapoport y aclara: “No pudimos probarle la venta de droga, pero para nosotros se comprobó el delito de lavado de dinero a raíz de un crecimiento exponencial de sus bienes en poco tiempo que no se correspondía con sus ingresos”.
Según informaron fuentes de la UIF a este diario, la pareja “compró inmuebles por unos 3 millones de pesos, varios vehículos y joyas”, adquisiciones que “no se condicen con los ingresos declarados”. “La imputada pasó de percibir la asignación universal por hijo a presentar declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas (para los años 2011 a 2014) y de Bienes Personales (para los años 2011 a 2013), así como de IVA (entre abril de 2012 y septiembre de 2013), todas ellas en valor cero. Esto se une al incremento del patrimonio neto detectado por la UIF, por cuanto la mujer pasó de contar con $ 0 a $ 393.100 en el período comprendido entre el 31/11/2011 y el 31/12/2012, aunque nunca precisó el origen de esos ingresos”, se indica en la causa.
Defensa. “El 28 de octubre pasado presentamos el sostenimiento de la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Las nulidades tienen dos columnas. La primera está vinculada con la causa de narcotráfico iniciada en 2011 y que no llegó a comprobarse nada, pero la jueza en forma unilateral pide intervención a la UIF a fin de que investigue si los fondos de la pareja tenían procedencia ilícita. Pero este pedido de la magistratura se hace sin intervención del fiscal, que es lo obligatorio. La segunda nulidad está vinculada a ésta y se convierte en imparcialidad por parte del juez, cuando llega ese resultado de la UIF y la misma le solicita al fiscal que haga la instrucción y le dice que ‘acá tenemos elementos para iniciar una causa’. A criterio de la defensa se está violando el derecho a defensa y se está violando el principio de imparcialidad que debe gobernar a todo juez”, explica a PERFIL el abogado de la pareja, Fernando Ibarra.
“Nosotros aportamos documentos –continúa– donde se acredita cómo se desarrolla la actividad y cómo ha hecho la señora para lograr su patrimonio desde el momento que vivía en Chile y tenían distintos negocios de diferentes rubros hasta su traslado a Argentina. Con préstamos y la venta de esos negocios ella instala la agencia de autos en Tierra del Fuego y compra dos inmuebles. Jamás recibió una asignación universal, desmentimos este argumento del fiscal y aseguramos que todo lo adquirido por ella es fruto de su trabajo”.
