La política migratoria del Gobierno de Mauricio Macri fue cuestionada una vez más por Amnistía Internacional. En un duro informe que presentó ante la ONU, la organización internacional señala con preocupación las "medidas regresivas" experimentadas en los últimos cuatro años, entre las que enumera la vulneración de derechos adquiridos, el fomento de la retórica xenófoba "por parte de autoridades y funcionarios públicos" y la separación de familias.
"Desde fines de 2016 se ha experimentado un retroceso significativo", dijo a PERFIL Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. "La Ley Nacional de Migraciones sancionada en Argentina hace 15 años fue un modelo para muchos países del mundo e inspiró reformas en toda la región, pero lamentablemente en los últimos años todo aquello quedó en el pasado", agregó.
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El documento presentado ante la ONU hace foco en cuatro aspectos: la regresión en la normativa migratoria, la separación familiar, el aumento de las barreras para la regularización y el aumento de los casos de discriminación, racismo y xenofobia. Amnistía presentó el informe ante el Comité para los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CTM) que se reunirá los primeros días de septiembre en Ginebra. Es la segunda revisión a la que se somete el país. La anterior fue en 2011.
La evaluación comienza con la mención del decreto 70/2017, que en 2017 modificó la Ley de Migraciones. Entre otras cosas, habilitó las deportaciones exprés (aún en casos en los que no hay sentencia firme) y creó trabas al acceso a la defensa oficial. "Esto llevó a un aumento cabal del número de expulsiones, en procesos donde no sólo se vulneran las garantías, sino que también se viola el derecho a la unidad familiar", explica Marques.
La separación de familias, puntualmente los casos de separación de madres y padres e hijos, es otro de los temas que pone de manifiesto el informe. En particular, menciona el caso de Vanessa Gómez Cueva, que fue deportada a Perú con su hijo de dos años tras haber cumplido una condena penal. En Argentina quedaron sus otros dos hijos. Al momento de su expulsión, la mujer de 33 años trabajaba como enfermera.
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"También es notorio el incremento de la persecución policial y judicial hacia vendedores ambulantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires. Operativos en la vía pública terminan frecuentemente en violentos episodios de incautación de mercadería, hostigamiento, abuso de la fuerza, malos tratos y detenciones arbitrarias de estos migrantes", agrega el documento que llegó a manos de representantes ONU.
El aumento del 1000% en las tasas migratorias que "dificultan el acceso a personas de bajos recursos" y la sanción de leyes provinciales, como la expulsión de inmigrantes con antecedentes en Chubut, o el cobro de la atención médica en Misiones y Jujuy, son otras de las cuestiones destacadas.
"No solo las medidas son un retroceso sino también los anuncios, como el que se hizo en 2016 cuando se habló de la creación de una cárcel para migrantes. Finalmente no sucedió, pero su sola mención contribuye al imaginario fomentado desde el Gobierno que relaciona la migración con la criminalidad. Lo vemos acá y lo vemos también en otros países”, concluyó Marques.
MS/ CP
