El Gobierno comenzó el 2017 con el foco puesto en la agenda de seguridad. En las últimas semanas, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reabrió el debate por la baja en la edad de imputabilidad y ayer el presidente, Mauricio Macri, firmó un decreto que endurece los requisitos de ingreso para los inmigrantes. Ayer, además, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de Migraciones, Horacio García, presentaron el sistema de información anticipada de pasajeros (API), que ya entró en vigencia y permite impedir la entrada de extranjeros con delitos probados, en coordinación con las aerolíneas que operan en el país.
Por otra parte, en el plano provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal planea enviar a la Legislatura un proyecto para reducir las instancias de apelaciones para que una pena quede firme, luego de que ocho ex comisarios acusados por recibir coimas fueran liberados por un hábeas corpus. De esta forma, la gobernadora bonaerense instruyó a su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, para avanzar en una reforma del Código Procesal Penal.
En este marco, el ministro de Justicia bonaerense aseguró hoy que “en los casos de homicidio las penas deberían ser de cumplimiento efectivo" y llamó a iniciar un "debate a fondo". "No digo para otros delitos, pero en el caso de un homicidio hay que tener en cuenta que el fallecido está condenado eternamente, y su familia tiene esa misma condena eterna", señaló.
Asimismo, el ministro confirmó la decisión de Vidal en relación a la reforma del sistema de apelaciones en la provincia de Buenos Aires, y evitar el abuso de excarcelaciones. "Tengo la instrucción de avanzar en un nuevo Código Procesal Penal. Hagamos un derecho penal enfocado en la víctima, que es aquella que participó de un proceso penal sin que nadie la invitara. La víctima estaba o caminando o entrando a su casa; privilegiemos a la víctima", insistió Ferrari, quien además advirtió que "en Buenos Aires puede haber hasta cinco apelaciones con la persona en libertad".
