Las máximas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires presentaron esta semana un nuevo protocolo de salud mental, especialmente pensado para atender la emergencia de personas en situación de calle que estén padeciendo un brote violento, ya sea psiquiátrico o por adicciones. El plan de acción recientemente publicado se usará para atender un problema social de larga data que viene agravándose en los últimos años.
En el flamante documento se resumen las indicaciones para gestionar y atender a personas en esta situación que requieren atención psiquiátrica. Hasta ahora no había un procedimiento oficial para actuar, y dependía de la voluntad y experiencia de los operadores de turno.
En CABA hay (a noviembre de 2023) unas 3.500 personas en situación de calle.
El problema es acuciante porque, según datos recientes recopilados por el personal del Ministerio de Desarrollo Humano, en CABA hay (a noviembre de 2023) alrededor de 3.500 personas en situación de calle. Y a esto se le agrega otro elemento: un 60% de estas personas están envueltas en alguna situación puntual o prolongada de trastorno mental o de adicciones.
Para afrontar esta situación, desde la Ciudad diseñaron un plan que comenzó por fortalecer y capacitar al personal del SAME para que pueda trabajar mejor estas situaciones. Esto incluyó también adaptar cuatro ambulancias de la Ciudad para, eventualmente, poder transportar con seguridad a las personas involucradas. Y se completa ahora con el protocolo que indica a todos los actores –trabajadores sociales, médicos, rescatistas, policía, etc.– cómo actuar ante cada caso.
Detalles del protocolo
En la presentación a la prensa a la que asistió PERFIL, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aclaró: “Diseñamos un protocolo específico, con el objetivo de que nuestros equipos puedan actuar y ayudar a personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias”. Y aclaró: “Hasta ahora, ante una situación de estas características se miraba para otro lado”.
Por otra parte, el funcionario explicó que “es un problema global, que crece en las grandes ciudades del mundo, junto con un aumento de personas viviendo en la calle, aumento de adicciones y elevadas situaciones de violencia”.
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Macri aseguró que el protocolo se enmarca correctamente en la actual Ley de Salud Mental, especialmente en su controvertido artículo que indica que la ‘internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros’. Según los expertos, en una situación de intoxicación o brote es casi imposible que la persona decida internarse motu proprio, y suele ser complejo para los decisores y testigos de estas situaciones tomar alguna acción concreta.
El nuevo procedimiento que presentó el jefe de Gobierno junto con su ministro de Salud, Fernán Quirós, y el de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, busca ordenar estos procedimientos. Así, tras los llamados a los teléfonos 107, 108, 911 o 147, se activa el protocolo que facilita la identificación de la persona para saber si está siendo buscada por un familiar. Después, según la situación, intervienen el SAME, la Dirección Integral de Atención Inmediata o la Policía, y se determina si es necesario hacer una derivación a uno de los cinco hospitales generales de agudos de la Ciudad que cuentan con expertos en temas de psiquiatría en guardia permanente.
Estos hospitales son el Durand, Pirovano, Álvarez, Piñeiro y Rivadavia. Y las autoridades adelantaron que pronto sumarán otros a este grupo.
En esas unidades será un equipo interdisciplinario de salud mental el que puede completar una evaluación profunda y proponer un tratamiento o las eventuales consecuencias de no hacerlo.
Por eso mismo allí se tomará la determinación sobre si es necesaria la internación del paciente o si está en un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Esto, usualmente, ocurre en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso. Y la internación finalizará al momento que se confirme el cese del riesgo.
Un detalle particular del protocolo es que marca que, si hay menores involucrados, se convocará al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para que actúe según las normas vigentes.
Lo que más se ve en este espacio son patologías crónicas
C.C.
Maximiliano Cesoni, secretario de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), explica: “Creo que es destacable que se intente protocolizar como deben ser las actuaciones oficiales en una emergencia de este tipo”, le dijo a PERFIL. “Pero es erróneo pensar que la salud mental es solo la atención de una crisis particular de una persona en situación de calle. Verlo así puede generar una situación estigmatizante y lo cierto es que no se termina abordando la situación en forma integral”.
Según este psiquiatra que trabaja en el hospital Borda, “si alguien se descompensa y tiene una crisis, pero técnicamente no está en situación de calle, quedaría por fuera de este protocolo. Y esto es algo que vemos con cada vez más frecuencia por las crisis recurrentes”. Por otra parte, es importante recordar que con la actual situación económica prácticamente todos los efectores de salud (obras sociales, prepagas, sector público) enfrentan una escasez de profesionales y de recursos. Y lo que hay suele estar saturado o desbordado. “Así que tengo algunas dudas sobre cómo terminará funcionando el protocolo. Me preocupa que sea algo hecho con buenas intenciones, pero no cuente con los recursos necesarios”.
Por su parte, Verónica Mora Dubuc, psiquiatra e integrante de APSA, comentó: “Está cambiando el paradigma de intervención sobre las problemáticas de salud mental, y ahora se incluye de manera prioritaria el respeto a los derechos humanos. Por eso antes se hablaba de “peligrosidad” y ahora se explica en términos de “situaciones de riesgo”. La experta aclara que estos cambios de visión a veces son complejos a la hora de aplicarlos en concreto: sobre todo cuando hay crisis graves, en urgencias, donde se complejiza discriminar “riesgo” de “peligro”. En ese sentido, es correcto que la nueva legislación haya encuadrado de manera diferente las posibilidades de intervención, incluso para decidir una internación involuntaria.
Por otra parte, la psiquiatra consignó: “básicamente es un protocolo para la urgencia. Y eso nos genera algo de desazón, porque lo que más se ve en la calle son situaciones crónicas. Hay personas que viven en la calle hace décadas y requieren una intervención especializada, acorde con la ley y tratamientos específicos, que atiendan a la vulnerabilidad que surge de tener un trastorno mental.
En muchos de esos casos, no es lo indicado, ni oportuno, intervenir de urgencia. “En definitiva, parece que hay situaciones en las que este protocolo nos queda chico”.
