"Hagan algo con la Ley de Salud Mental". Ese fue uno de los pedidos desesperados que realizó Marina Charpentier, la mamá del cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien se encuentra internado en grave estado luego de recibir un disparo por parte de la Policía en medio de un supuesto brote psicótico.
El requerimiento que lanzó la mujer desde la puerta del Sanatorio Otamendi reabrió la polémica sobre la vigencia de la Ley 26.657 de Salud Mental que fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.
La normativa apunta al mayor respeto sobre los derechos humanos de quienes padecen algún problema ligado a la salud mental, lo que a la vez complica la respuesta ante los pedidos de asistencia que pueden realizar, por ejemplo, familiares y allegados ante algún cuadro agudo.
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La ley contempla el derecho de las personas con padecimiento mental o con adicciones a "recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria", a la vez que pone el foco en el "derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión".
Además, puntualiza que "en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona" o de la "elección o identidad sexual", entre otros puntos.
"Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados", señala la Ley de Salud Mental aprobada en 2010.
Marina Charpentier insistió en su reclamo al señalar: "Solo pido que hagan algo por la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos de adiciones. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Las mamás de todos los ´Chanos´ que sufren adicción que piden ayuda y no tienen respuesta".
Al respecto, la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerrutti señaló que "la ley de Salud Mental nacional, tanto como la más antigua y pionera de la Ciudad de Buenos Aires son de avanzada en el mundo. Si se cumplieran, los agentes públicos deberían estar capacitados para actuar en situaciones como las de Chano. Nunca se cumplieron".
En ese contexto, la legisladora marcó que si bien hace 20 años que existe una ley de Salud Mental en el ámbito porteño "todavía hoy no hay guardias psiquiátricas en los hospitales públicos, ni casas de medio camino para externación de los manicomios, y el Borda y el Moyano son lo mismo de siempre. Nadie se ocupa del tema".
Desde la otra vereda, la abogada y ex funcionaria Florencia Arietto reconoció que la ley que rige en Argentina es de avanzada pero la cuestionó al momento de la puesta en práctica.
"Tenemos una ley de salud mental para Suecia y tenemos una epidemia de pibes adictos a los que no se los puede internar contra su voluntad. Después terminan presos como el Pity porque el adicto se convirtió en asesino. Las madres del paco no pueden internar a sus hijos. Todo roto", dijo la referente de Juntos por el Cambio en redes sociales.
Las cifras sobre el encierro
Según los datos que se presentaron desde la Secretaría de Calidad de Salud sobre finales de 2020, a 10 años de haberse sancionado la Ley 26.657 existen en el país 12 mil personas en situación de encierro, de las cuales en el 60% de los casos no se justifica a excepción de su condición social.
Es decir que la mayoría de las personas que se encuentran en instituciones destinadas a trabajar con la salud mental podrían encontrar alternativas intermedias para avanzar con sus tratamientos pero su condición social impide su acceso.
Sobre este punto, el ex diputado nacional y autor de la ley vigente Leonardo Gorbacz explicó que "antes se podía internar sin el permiso de la persona y ahora se necesita una justificación mucho más profunda” y rechazó la posible aplicación de las pistolas Taser para situaciones de este tipo.
"En general ninguna de las fuerzas de seguridad realizan protocolos o han generado protocolos a la ley de salud mental”, lamentó el ex legislador, en relación a que no existen procedimientos claros sobre cómo actuar en intervenciones con personas que padecen una enfermedad mental o una adicción, sin recurrir al uso de armas de fuego.
