El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presentó en el expediente que investiga la muerte de Deborá Peréz Volpin, acompañando a los abogados de la familia de la periodista y legisladora porteña, ante la posibilidad de que el juez a cargo de la causa les aplique sanciones por hablar del caso en los medios.
La entidad, que dirige Eduardo Awad y que nuclea a todos los abogados que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, aceptó el pedido de Diego Pirota, del equipo de letrados que llevan adelante la acusación contra el endoscopista Diego Ariel Bialolenkier y la anestesista Noma Inés Puente
El perito de la familia reveló detalles de la autopsia a Débora Pérez Volpin
Pirota solicitó el acompañamiento al Colegio Público “a los efectos de que se haga saber al Tribunal actuante su posición ante la posibilidad de que se le apliquen sanciones por simples declaraciones periodísticas realizadas fuera del ámbito del Tribunal”, indica la resolución a la que tuvo acceso PERFIL y en la que Awad ordenó que el organismo se involucre “de urgencia” en el caso.
“Es que resulta de entidad tan fundamental el tema que nos ocupa que no es posible dejar de advertir su gravedad, puesto que lo que está en juego es nada menos que el derecho a la defensa en juicio tanto como el de peticionar en juicio por los derechos afectados de los ciudadanos”, señala el documenta y destaca: “la mera posibilidad de la existencia de una sanción en una situación como la de autos, solo puede contribuir a consolidar un estado de injusticia y empobrecimiento general del servicio de justicia, más allá de la defensa puntual que en el caso se ejerce.
La semana pasada, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal 8, Javier Anzoategui, rechazó haber perdido la parcialidad y negó tener “enemistad manifiesta” con los abogados de la víctima.
CDL EA
