Tras la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp, la investigación que conduce el juez federal Sebastián Casanello se vio involucrada en acusaciones desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich hacia un secretario del magistrado que, según sus dichos, advirtió a la Prefectura que "no molestaran a los jóvenes en la entrada" y que varios empleados del juzgado irían al evento.
Instantáneamente, la ministra envió un escrito al juzgado en el que acusó al titular de la Secretaría N° 13, Gustavo Russo, por un diálogo con el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de dicha fuerza.
En dicho escrito que publicó Infobae, se indica que "Gustavo Russo señaló que la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes, recomendando además no molestar a los chicos que iban a divertirse, agregando que jóvenes que trabajaban en su Juzgado concurrirían al evento. En definitiva, fue informado por el mencionado personal de la Prefectura, que la directiva fue la de intervenir ante la aparición de conductas en infracción a la ley de estupefacientes, e informar inmediatamente a la autoridad judicial".
Mediante este informe también se explicó que la Prefectura quedó a cargo del operativo externo y que el interno quedó en manos de los organizadores del evento, quienes además tenían la opción de notificar a la Prefectura si se cometía algún ilícito adentro.
El juez Casanello le contestó a esta acusación destacando que Russo - el apuntado - declaró ante el magistrado que "no he mantenido reunión, encuentro ni contacto alguno con el Prefecto Rubén Eduardo Farrus ni con el Subprefecto Meraldo Verón del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina, ni con ningún otro integrante de esa fuerza en las circunstancias a las que hace referencia en el oficio y que en este acto tenga a la vista, ni en ninguna otra circunstancia".
Por otro lado, Smietniansky, el otro secretario del juzgado acusado, no sólo rechazó la denuncia, sino que recordó que se le solicitó a los efectivos que estuvieron a cargo de la seguridad del complejo Costa Salguero que debían intervenir "ante la aparición de conductas en infracción a la ley de estupefacientes" e "informar inmediatamente a la autoridad judicial".
Por último, Casanello le pidió a la funcionaria Bullrich que tomase "las medidas de rigor dada la gravedad y urgencia del caso" y anticipó que su oficina investigará "la actuación de los preventores"..
