El plan del Ejecutivo porteño para reducir las expensas de los edificios de la Ciudad no está exento de polémicas por algunas de las medidas anunciadas. Entre ellas, se destacan controles técnicos más espaciados en tanques de agua, ascensores, calderas y matafuegos, menos carga burocrática y sacar la obligatoriedad de proveer una vivienda para el encargado.
Además, ya no será necesario que cada edificio de la Ciudad cuente con el certificado Edificio Seguro, que hasta ahora era obligatorio, ni se utilizará más el Libro de Datos en el que se registraban los controles de mantenimiento que se efectuaban en el inmueble.
Desde el gobierno porteño esperan que a partir de la aplicación de estas medidas, más otras doce que proyecta impulsar a lo largo del año, el precio de las expensas se reduzca entre un 10% y 20%. Pero algunas agrupaciones vecinales, legisladores y cámaras cuestionan algunos de esos puntos, argumentando que en algunos edificios faltarán los controles adecuados”.
En el mismo sentido, el legislador porteño Sergio Abrevaya (GEN) presentó un proyecto de ley que también apunta a reducir los costos fijos de quienes viven en edificios. Si bien la normativa no tiene aún estado parlamentario, desde el despacho del diputado creen que será tratada junto con el proyecto que impulsa la Ciudad.
Entre las medidas que analiza aplicar la Ciudad se destacan el control a los tanques de agua. Se realizarán análisis de agua en lugar de vaciar su contenido cada seis meses. En caso de registrarse alguna anomalía en el informe del laboratorio que realizó el estudio recién ahí se limpiará el tanque y se dará curso a la Agencia de Protección Ambiental (APRA). En el caso de los ascensores, el control seguirá siendo obligatorio pero se establecerán distinciones entre ascensores nuevos y viejos, con uso intensivo (edificios apto profesionales) o residencial en forma exclusiva. Así, habrá una racionalización de los costos del mantenimiento, entendiendo que los más antiguos con alto tránsito requieren una supervisión constante.
Esta normativa, quizá una de las más polémicas, puso en estado de alerta a la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (Facara), que para esta entidad no representa más del 5% en el valor de las expensas. “La única forma que podamos cambiar la periodicidad de los controles es estableciendo una base de seguridad, que se certifiquen las instalaciones existentes y nuevas, y se adecue el parque existente. Este requisito es imprescindible, dado que se encuentra en condiciones deplorables debido a la falta de control por parte del Estado por un lado, y porque cuenta con una antigüedad promedio de más de cuarenta años”, aseguró Andrés Pozzo, desde esa entidad.
Sobre las calderas, se establecerán nuevos criterios según la antigüedad de las instalaciones, el uso, sus características y el resultado de las pruebas y análisis que se realicen. En el caso de los extintores de fuego, se hará un recambio anual.
“Estamos eliminando costos innecesarios que recaen sobre los vecinos. La información que contenían los libros será evaluada por organismos de control específicos”, afirmó por su parte Facundo Carrillo, secretario de Gestión y Atención Ciudadana.
