Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este martes una nueva clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La actividad comenzó a las 10 de la mañana y formó parte de una serie de acciones impulsadas en el marco del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se produce en días difíciles por los que pasa el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa fue organizada por la Asociación Gremial Docente UBA (AGD) y se inscribe en un escenario de medidas de fuerza a nivel nacional, que incluyó un paro docente y distintas intervenciones públicas en espacios abiertos. En este caso, la elección del lugar volvió a concentrar la atención: la puerta del edificio donde reside uno de los principales funcionarios del Gobierno, que además pasa por un situación judicial complicada luego de las revelaciones sobre los vuelos polémicos y sus propiedades.
Con pizarrones, apuntes y clases abiertas, la comunidad universitaria trasladó la dinámica académica a la vía pública. La modalidad ya había sido utilizada en jornadas previas y busca visibilizar el reclamo presupuestario que atraviesa al sistema universitario.
La protesta frente al domicilio de Adorni se suma a otras acciones recientes, como marchas, clases públicas en distintos puntos de la ciudad y medidas gremiales que vienen escalando desde el inicio del ciclo lectivo.
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El formato de “clases en la calle” se consolidó como uno de los principales recursos de visibilización del reclamo, al combinar la actividad académica con la protesta política en espacios urbanos de alta exposición.
Según plantearon desde los sectores convocantes, la protesta apunta a exponer la situación de las universidades nacionales frente a la reducción de recursos y el deterioro salarial. En paralelo, el Gobierno sostuvo su política de ajuste del gasto público, lo que derivó en un incremento de la conflictividad en el ámbito educativo superior.
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El reclamo por el financiamiento universitario se apoya en el impacto directo que tiene la asignación presupuestaria sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. La actualización de partidas resulta clave para sostener actividades académicas, de investigación y extensión, en un contexto de aumento sostenido de costos operativos.
Docentes y no docentes registran una fuerte pérdida de poder adquisitivo producto de incrementos salariales por debajo de la inflación, lo que repercute en las condiciones laborales y en la continuidad de las tareas dentro del sistema. Este escenario es señalado por los gremios como uno de los factores centrales del conflicto que atraviesa actualmente a las universidades nacionales.
En paralelo al reclamo en las calles, el conflicto sumó un nuevo capítulo judicial: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar partidas y salarios, al considerar insuficientes los argumentos oficiales para postergar su aplicación . El fallo refuerza la disputa abierta entre el Ejecutivo y el sistema universitario, que viene escalando desde 2024 con protestas, paros y acciones públicas.
TO/LT
