El Gobierno estableció que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados “por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias”, lo que fue celebrado por activistas y funcionarias que dijeron que se trata de “un día histórico” y lo calificaron como un reconocimiento del Estado frente “a tantos años de exclusión, discriminación y persecución”.
La medida, que fue tomada mediante el Decreto 721/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, establece que abarca a cualquiera de las modalidades de contratación vigentes en el Estado.
“Es una enorme alegría, una inmensa felicidad saber que hoy contamos con una decisión del gobierno que hable de políticas públicas que rompan con la desigualdad y la exclusión que hemos vivido las personas travestis y trans en nuestro país”, dijo a PERFIL Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación.
En junio, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta se reunió con el presidente Alberto Fernández y llevó el tema a la agenda. Le contó cuál era la situación de los proyectos en el Congreso y Fernández le respondió que, más allá de lo que sucedieran, le parecía bien que se creara el cupo para la administración pública nacional (APN).
A partir de allí, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad comenzó a trabajar con la secretaría Legal y Técnica y con Empleo Público para la creación del proyecto. En esta dependencia, ya tenían la experiencia del registro para la inclusión de las personas con discapacidad en la APN. Con ese recorrido, se formuló el proyecto entre el MMGyD, Legal y Técnica y Empleo Público, y en julio se inició el expediente que llevó ayer a la publicación del decreto.
“Argentina tiene una larga trayectoria en el reconocimiento de los derechos hacia las personas LGBTI+ en relación a la región latinoamericana: el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género son acciones de profunda convicción de derechos hacia personas travestis y trans”, destacó Rueda.
Según la funcionaria, el 1% del cupo “representaría al menos unos 4 mil puestos laborales, pero esto va ir cambiando a medida de que se vayan ampliando los puestos de trabajo”.
El decreto precisa que la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, “hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen”. Por eso, contempla que se permitirá su ingreso con la “condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”.
“Nuestras experiencias de vida se vieron atravesadas por la expulsión y exclusión en los ámbitos familiares, educativos y de la salud; y hemos sido marcadas a través de la marginación”, agregó Rueda ante la histórica decisión que modifica la realidad del colectivo trans.
