SOCIEDAD
Quieren que salga antes de fin de ao

El Gobierno apura la ley que regulará la medicina prepaga frente al aumento del 23 por ciento

Luego del incremento anunciado por las empresas, el oficialismo inició una serie de acciones en el Congreso tendientes a aprobar la normativa antes de enero. El objetivo es poner límites a los aumentos indiscriminados pero las prepagas dicen que "no hay marcha atrás".

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La propuesta de las empresas de medicina prepaga de aumentar sus cuotas un 23 por ciento tiene cada día más retractores. A las voces en contra originadas en el seno del Gobierno, se sumó la de la diputada nacional Graciela Rosso, del Frente para la Victora de la Provincia de Buenos Aires.

Según Rosso, la ley de regulación de la medicina prepaga muy probablemente sea sancionada por el Parlamento “antes de fin de año”.

En un reportaje con al agencia oficial Télam, la legisladora, una de las redactoras del proyecto, dijo que " es voluntad del oficialismo" que la iniciativa, que ya pasó por la comisión de salud de la cámara de diputados y el martes será analizada por la comisión de legislación general, pase a recinto el miércoles, y luego de obtener media sanción se eleve al senado y sea finalmente aprobada antes de fin de año.

Al comentar la reforma que dentro del sistema de salud prepaga traerá la ley, dijo que será la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Comercio Interior los organismos que conformarán una comisión permanente de seis miembros, que tratará temas vinculados con la regulación de las empresas.

" Esa comisión definirá la estructura de costos del sector y la fijación de precios e indicó que la Superintendencia tendrá un registro de las empresas de medicina prepaga. "Allí se establecerán las pautas del cumplimento del Programa Médico Obligatorio (PMO) de acuerdo con lo que resuelva el Ministerio de Salud de la Nación, y el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor”, explicó la diputada.

También detalló que el proyecto establece en su articulado que desaparece el período de carencia, que es el tiempo que transcurre hasta que el usuario empieza a gozar del total de las prestaciones, y también se establece que la pre-existencia de una enfermedad no debe ser una limitante para que el usuario acceda al servicio.

En cuanto a los asociados a prepagas de más de 60 años de edad y que tengan más de 10 años de antigüedad en la empresa, dijo que no tendrán aumento en sus cuotas, y para el resto de los asociados mayores se deberá analizar cuál será el precio de la cuota originado en la mayor utilización del sistema.

La Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) negó la semana pasada que las prepagas se hubieran comprometido a dejar sin efecto el aumento de cuotas comunicadas a sus afiliados.

El tesorero de la entidad, Néstor Gallardo expresó en declaraciones radiales, que no es verdad la aparente decisión de las compañías de acatar el pedido del Gobierno que consiste en anular los incrementos.

"No hay ninguna marcha atrás; algunas decidieron aumentar y otras todavía lo están estudiando", señaló. El ejecutivo incluso fue más allá y dijo que la versión -que salió de despachos oficiales- había sido parte de una operación de prensa. "Cada empresa resolverá por sí misma cuándo y cuánto aumenta", agregó.

La Ademp había tenido una reunión con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a principios de mes en la que el funcionario había pedido un informe de costos del sector desde la salida de la convertibilidad. "Este estudio está en sus manos desde hace sólo tres días. Explica por qué las empresas están trabajando con déficit, en un sector que de por sí no es muy rentable", aclaró Gallardo.

En tanto, los prestadores de salud, agrupados en la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), "en principio" aceptarían un incremento en sus aranceles del 20 por ciento, en tanto que la semana próxima se reunirán con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud para seguir tratando el tema.

Hace más de 15 días, los prestadores reclamaron a las prepagas y a las obras sociales un aumento en sus aranceles de 30 por ciento, para poder atender los aumentos de los insumos y las mejoras salariales del sector de la sanidad.

A este reclamo se une el anuncio de las prepagas de aumentar sus aranceles a partir del año que viene en un 23 por ciento, medida que fue rechazada por el gobierno, en tanto que la Secretaría de Comercio Interior viene estudiando la estructura de costos del sector para ver si se justifican los pedidos de aumento.

Guillermo Gomez Galizia, titular de CADIME, dijo que el martes próximo la entidad se reunirá con el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, para seguir analizando el tema de los aranceles. "En un principio aceptaríamos un 20 por ciento" de mejoras en los aranceles que cobran, dijo Gómez Galizia, aunque admitió que las tratativas continúan.