Conseguido el aval de la Legislatura, el gobierno porteño se dispone ahora a avanzar con la idea de instalar bares en plazas y parques de la Ciudad. Uno de ellos, aunque no el primero, podría quedar enclavado en la Reserva Ecológica, según confirmaron a PERFIL fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Asociaciones ambientalistas y partidos opositores rechazan el proyecto.
El 8 de mayo pasado, el PRO –con el apoyo de UNEN– aprobó en la Legislatura una iniciativa que fija el otorgamiento de permisos “para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas” en espacios superiores a 50 mil m2. Incluso, por su superficie –350 hectáreas–, la Reserva Ecológica podría contar con hasta cinco, que es el máximo que estipula la ley para cada espacio verde. Sin embargo, desde el gobierno porteño confirmaron que la idea es tener sólo uno, en la zona del ingreso, para “darle al vecino mayor comodidad y servicio, siempre que se mantenga el principio básico de preservación”. También explicaron que antes de llevarlas a la Reserva las áreas de servicio se pondrán a prueba en otros espacios verdes. Los bares no podrán comercializar bebidas alcohólicas ni cigarrillos, y los permisos contemplan, además, la construcción de baños, estacionamiento para bicicletas, conexión Wi-Fi, biblioteca y una estación de vida saludable, con hidratación gratuita para quienes hagan actividad física.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, cuestionó la iniciativa y explicó que en los próximos días presentarán en la Justicia un recurso de amparo para declarar inconstitucional la ley que los autoriza. “Antes de que se aprobara la ley pedimos que se excluyeran espacios como la Reserva y el Jardín Botánico. En este caso, la Reserva representa un lugar único para cierto tipo de aves. Y las migas y los restos de comida que puede generar la presencia de un bar significa una atracción para que el lugar sea invadido por palomas y otras plagas”, explicó. Viale confirmó además que trabaja en un amparo para que se declare inconstitucional la ley que habilita los bares por violar el inciso 3 del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad.
En el lugar se está llevando a cabo un plan de obras que incluye la instalación de cámaras de seguridad, la recuperación de 16 hectáreas y la reapertura del espigón Plus Ultra, cerrado desde 2002 y posteriormente ocupado por un grupo de personas de la calle. Con quince cámaras que podrán ser controladas remotamente desde un teléfono celular o desde el centro de monitoreo que se montó en el lugar, las autoridades de la Reserva planean combatir el delito y también los incendios intencionales. Para que el sistema quede totalmente en funcionamiento sólo falta llevar conectividad a internet en la zona de Viamonte (hacia la parte norte del humedal).
También se está trabajando en la parte donde estaba el obrador de la empresa Covimet. Allí se abrieron caminos, y los desniveles de terreno fueron convertidos en miradores. Esta parte quedará habilitada hacia fines de septiembre y sólo se podrá acceder a través de visitas guiadas.
