El cuerpo de Sandra Calamano voló casi cincuenta metros y quedó tendido en el patio de una casa vecina. El recorrido de Rubén Rodríguez fue más corto, pero igual de letal. Ambos fallecieron a causa de la explosión de la Escuela Pública Nº 49 del barrio Averastury, de Moreno. Al cierre de esta edición, en tanto, una vecina había llamado a la policía local aduciendo sentir olor a gas, y los bomberos estaban alertas.
Pese a la potencia de la voladura, que tuvo su génesis en un escape de gas producido en “la salita de cambio de funciones”, la llave del cuarto quedó en la puerta, un indicador –para los detectives que trabajan en el caso– de que la pérdida era de tal magnitud que la vicedirectora y el auxiliar no habrían llegado a prender, siquiera, la luz, cuando fueron golpeados por la fuerza de la explosión. Un paquete hallado en la escena puede ser indicio de que alguno de ellos habría llevado un cigarrillo encendido.
Aunque ambas circunstancias son aún materia de análisis, dan cuenta de la responsabilidad que podría caberle al gasista que asistió al establecimiento educativo el día anterior, tras varios reclamos de Calamano al Consejo Escolar.
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Se trata de C.J.R., de 38 años, ex obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, oriundo de la zona y profesional matriculado para la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas e instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. También cuenta con los formalismos exigidos por el Estado para prestar servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes, así como construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
El gasista habría sido convocado por el Consejo –intervenido desde octubre pasado por irregularidades en el manejo del presupuesto– cada vez que se presentó un problema en las escuelas del distrito hasta este jueves. Fuentes de la investigación indicaron a PERFIL que podría complicarse su situación en la causa, incluso convertirse en el único imputado “por estrago doloso” por las muertes de Calamano y Rodríguez, una circunstancia que no deja fuera del debate el mal estado de la infraestructura pública, pero alejaría la posibilidad de endilgar responsabilidades penales al Estado. Incluso, profesionales que recorrieron el lugar indicaron que las instalaciones eran deficientes en todo el establecimiento.
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Testimonio. C.J.R. declaró ante la fiscal de la causa, Gabriela Urrutia, y su secretario Walter Velásquez, el mismo día de la explosión. Según indicaron fuentes del caso a este diario, trató de despegarse y responsabilizar a las víctimas de lo ocurrido. Habría relatado, en ese sentido, que llegó a la escuela Nicolás Avellaneda cerca de las 17.45 del miércoles. Revisó las instalaciones y percibió una pérdida de gas aunque, dijo, no era de importancia.
Aseguró que no finalizó su trabajo debido a que Calamano le pidió que se retirara media hora más tarde. Según comentó, la vicedirectora debía irse. Su recomendación habría sido que ventilaran la habitación en la que se percibía el olor a gas.
¿Por qué estaba la puerta de la sala que estalló abierta pese a la indicación del gasista? Un dato del relato de C.J.R. que no convence a los investigadores que aguardan las pericias para tomar una determinación.
“El miércoles a la tarde notamos que había mucho olor a gas. Notamos que venía de una salita chiquita junto al baño de nenas. A eso de las 17.30 /45 llegaron dos muchachos con una valija y se pusieron a revisar todo. Pero no tocaron nada. Lo revisaron y se fueron. No cerraron la llave de gas de la chancha”, relató a PERFIL Nicolás Pustilnik, docente de la E.P. 46. Ayer, especialistas del Enargas y del Ministerio de Energía recorrieron la escuela para sumar conclusiones al expediente.
