Francia extraditaría a un supuesto torturador argentino
Se trata de Mario Sandoval. Está acusado de participar en la desaparición de Hernán Abriata.
En abril, familiares y allegados de Abriata se manifestaron en la Embajada de Francia en Argentina por la extradición de Sandoval. |
AFP.
Redacción de Perfil.com
La Justicia francesa autorizó la extradición a Argentina del expolicía Mario Alfredo Sandoval, acusado en ese país de haber participado de sesiones de tortura durante la última dictadura y en la desaparición de un joven detenido en la ESMA.
El juez del tribunal de apelación de París Jean Bartholin se declaró "favorable al pedido argentino pero sólo por la desaparición" del estudiante Hernán Abriata, siguiendo el pedido del fiscal, que había considerado en la anterior audiencia que los otros cargos de los que se acusa a Sandoval en Argentina están prescriptos o no pueden ser imputados a él a título personal.
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Hernán Abriata desapareció el 20 de octubre de 1976, cuando tenía 25 años, tras permanecer detenido en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA).
Según explicó la agencia AFP, si es extraditado, Sandoval, que asistió, impasible, a la audiencia y al veredicto del tribunal, podrá ser juzgado solamente por ese crimen.
El acusado tiene 61 años, trabaja como consultor en Seguridad y vive en Francia desde 1983, tras la vuelta de la democracia a Argentina. En 1994, obtuvo la nacionalidad francesa. Sandoval tiene un plazo de cinco días para presentar un recurso ante el tribunal de Casación. En caso de que esa instancia confirmara el dictamen inicial, el primer ministro francés emitirá una orden de extradición, que puede, a su vez, ser objeto de recurso ante el Consejo de Estado.
Perseguido. Durante su comparescencia ante el tribunal, Sandoval se definió como "víctima de violación de derechos humanos" y de "persecución política".
"Soy objeto de una caza al hombre cuyo verdadero móvil ignoro", aseveró, en medio de una confusa intervención, durante la cual evocó un complot contra él y reivindicó sus contactos con todos los grupos armados colombianos, incluyendo las FARC, y una intervención, con mandato de la cancillería francesa, en las discusiones destinadas a liberar a la entonces rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt.
