El sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado este miércoles a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores contra, al menos, cuatro niños que asistían a su parroquia, ubicada en la localidad entrerriana de Lucas González.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay consideró al religioso "autor material y penalmente responsable" de "promoción de la corrupción de menores reiteradas" agravado por la "condición de guardador" que "a su vez concurren con abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto".
Los jueces dispusieron que el cura deberá continuar en prisión en la Unidad Penal número 5 de Victoria, Entre Ríos, a pesar de que la condena aún no está firme, ya que coincidieron con una resolución anterior de la Justicia respecto de que existe peligro de fuga.
Escobar Gaviria, de 58 años y origen colombiano, estuvo por 11 años en la Parroquia San Lucas Evangelista situada en la ciudad de 4.500 habitantes, situada en el departamento Nogoyá, en la región central de Entre Ríos. Desde esa capilla, construyó el poder que lo llevó a ser uno de los curas más visitados por feligreses en la provincia a causa de su fama de "sanador".
En sus mejores épocas, colectivos llenos de personas de distintos puntos del país llegaban al lugar todos los miércoles para recibir las bendiciones en homilías de sanación. Dicha popularidad cayó abruptamente a fines de octubre de 2016, cuando un niño de 11 años que era monaguillo en su parroquia lo denunció por abuso sexual. A la acusación de ese pequeño se sumaron luego tres víctimas más que se presentaron ante la Justicia.
El fiscal del caso, Federico Uriburu, calificó el fallo de "histórico" porque "más allá de que sea el primer cura enjuiciado" se trata de "una causa que se desarrolló en los tiempos pretendidos por la sociedad", según consignó el portal Análisis Digital.
Respecto del monto de la pena impuesta al cura, el funcionario judicial manifestó que estaba "absolutamente conforme con la resolución y con la respuesta que se le ha dado a las víctimas". También, coincidió con la prórroga de la prisión preventiva, mientras se aguarda que el fallo quede firme: "La esperábamos porque ahora cobra vigencia el peligro de fuga porque es una persona que, pese a que juro voto de pobreza, tiene bienes y es una persona claramente escurridiza", concluyó.
