El municipio de Las Higueras, en el departamento Río Cuarto, multó al exintendente luego de constatar que no pagaba el servicio de agua. Es el primer vecino sancionado con una canilla roja instalada en su vivienda para reflejar su incumplimiento.
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En la localidad del sur cordobés, durante años no se cobró este y otros tributos locales. Al asumir, Gianfranco Agustín Lucchesi, se encontró con una estructura de recaudación paralizada: según el intendente, se toparon con “el no cobro de impuestos, de agua, inmobiliario, automotor”, y con vecinos que no pagaban porque existían acuerdos de palabra con la administración anterior. “Ni siquiera el intendente anterior se pagaba el agua”, afirmó.

Ese diagnóstico derivó en la aplicación del sistema de canillas rojas, una herramienta ya utilizada años atrás en Río Cuarto. El mecanismo inicia con el envío de un aviso pre–judicial a los morosos con deuda superior a los 6 meses. Si no se regulariza la situación, se coloca una canilla roja y un cartel municipal en el frente de la vivienda.
La legislación impide cortar el servicio por una simple advertencia, la señalización actúa como presión para que el pago se concrete. Cuando la deuda supera los tiempos establecidos por la ordenanza y se activa la vía judicial.
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La situación económica del servicio explica la urgencia: aun si el municipio lograra cobrar el 100% de la tarifa, no alcanzaría para cubrir los costos operativos. En paralelo, la gestión avanzó en un proceso de sinceramiento tarifario. Viviendas del centro que pagaban 1.500 pesos pasaron a abonar cerca de 35.000, con incrementos que superaron el 800% o 1000%, tras años de tarifas irrisorias. Actualmente rige un canon fijo, pero el municipio proyecta avanzar hacia medidores domiciliarios.
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Las medidas se inscriben en una tendencia regional: localidades como Colonia Tirolesa ya aplicaron “cepos” o canillas rojas para enfrentar un servicio deficitario y deudas vecinales que rondaban los 800 millones de pesos. Aunque estas estrategias generan resistencia, los intendentes aseguran que son efectivas, porque la gente paga cuando se formaliza la intimación o se restringe el servicio.