"Me siento otra vez ciudadano". La frase fue pronunciada por una de las personas que acababa de enterarse de que tendría, por primera vez, su hogar, viviendo en un departamento alquilado, con un contrato a su nombre. No se trata de metros cuadrados ni de grandes comodidades, sino de dignidad. Esa idea es una buena síntesis del flamante programa Salir de la Calle, la nueva política habitacional que la ONG “Hábitat para la Humanidad Argentina” junto al Gobierno porteño, puso en marcha.
El proyecto busca contener y acompañar a familias que dejaron atrás la situación de calle y buscan reconstruir su proyecto de vida.
La iniciativa representa un cambio de paradigma respecto de las tradicionales respuestas habitacionales que se ofrecen desde el Estado. Esta vez, en lugar de otorgar un subsidio o una vivienda definitiva, les propusieron a las familias alquilar formalmente un departamento, con un contrato firmado a su nombre y las mismas obligaciones que cualquier inquilino.
Por ahora, el proyecto es un piloto y se desarrolla inicialmente en un edificio de 14 unidades administrado por el equipo de la ONG. Todos los departamentos fueron destinados a personas que pasaron en algún momento por la Red de Atención de la Ciudad -paradores o centros de inclusión social-, pero que ahora cuentan con ingresos propios y demostraron condiciones para sostener una vivienda independiente.
"La calle no es lugar para vivir, y con este programa garantizamos una salida de largo plazo: no es un subsidio, cada familia paga su alquiler y cumple sus obligaciones como cualquier inquilino", afirmó el ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida. Y agregó: "Confiamos en las capacidades de estas familias, en que pueden sostenerse por sus propios medios, y la mejor forma de hacer una política social justa y eficiente es la que les devuelve autonomía".
Detrás de esta propuesta está la estrategia que desarrolló la ONG “Hábitat”, que ya lleva más de quince años con proyectos de alquiler social. En La Boca, por ejemplo, más de treinta familias participaron de una iniciativa similar y el 89% logró dejar atrás un historial de viviendas precarias, conventillos, hoteles pensión o inquilinatos”, le dijo a PERFIL Bárbara Bonelli, directora de la ONG. Según ellos, disponer de una vivienda estable produjo mejoras concretas. Por ejemplo, un tercio de esas familias “comenzó proyectos educativos y consolidó su situación laboral y económica”.
Según Bonelli, directora de Hábitat para la Humanidad Argentina. "La vivienda es un catalizador del desarrollo humano y el alquiler puede convertirse en un modelo virtuoso de acceso a un hogar", sostuvo.
La ONG no actúa solamente como administradora del edificio. También funciona como intermediaria entre el propietario y las familias, además de brindar acompañamiento social durante el proceso. La meta es que, “cuando finalicen los dos años previstos para cada contrato, los participantes hayan consolidado ingresos, formalizado su actividad laboral, construido un historial como inquilinos y estén en condiciones de acceder por sus propios medios al mercado privado”. Para Bonelli, el potencial de este tipo de políticas va mucho más allá de las personas que estuvieron en situación de calle. "Estamos convencidos del potencial del alquiler social como política pública. Hoy trabajamos con familias que vienen de la calle, pero perfectamente podría pensarse para adultos mayores, trabajadores informales o estudiantes universitarios. El potencial es enorme", afirmó.
Ese concepto resulta especialmente relevante en un mercado inmobiliario donde cada vez más personas quedan excluidas por no reunir garantías, ingresos registrados o antecedentes suficientes para acceder a un alquiler formal.
De hecho, Hábitat para la Humanidad trabaja paralelamente en un proyecto denominado Inmobiliaria Social, destinado a reincorporar al mercado viviendas actualmente desocupadas por problemas edilicios o legales y ponerlas al alcance de familias que hoy no consiguen cumplir con los requisitos tradicionales.
La organización sostiene además que este modelo puede resultar incluso más eficiente desde el punto de vista económico que otros dispositivos de asistencia permanente. "Es un proyecto que, por persona, termina siendo más económico que los Centros de Inclusión Social porque las familias pagan alquiler, expensas y servicios. Eso fomenta la autonomía de los participantes y hace más eficiente el uso de los recursos públicos", explicaron desde la organización.
El verdadero impacto recién podrá medirse dentro de algunos meses, cuando las familias comiencen a consolidar esa nueva etapa. Pero una pista puede darla otra frase que se escuchó en todo este trámite por parte de una de las familias recién mudadas: 'Ustedes nos ofrecieron una oportunidad'.
Tres millones de viviendas faltantes y cada vez más inquilinos
Aunque el programa Salir de la Calle comienza con apenas 14 departamentos, sus impulsores sostienen que puede convertirse en una herramienta para enfrentar un problema mucho más amplio: el creciente déficit habitacional argentino.
Distintos estudios estiman que el país arrastra un faltante superior a 3,2 millones de viviendas, pero advierten que el principal problema ya no es únicamente la falta de casas sino también la precariedad de las existentes.
La Ciudad de Buenos Aires refleja estos fenómenos: En las últimas dos décadas, el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 22% al 36,8%, lo que representa 517.768 hogares -más de 1,07 millones de personas- viviendo en esa modalidad.
Al mismo tiempo, uno de cada cuatro hogares inquilinos porteños enfrenta situaciones de hacinamiento y alrededor de siete de cada diez familias destinan cerca de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, una carga que vuelve cada vez más difícil sostener la vivienda. El fenómeno golpea especialmente a quienes encuentran mayores barreras para acceder al mercado formal.
Según Hábitat para la Humanidad, experiencias como la que ahora impulsa la Ciudad podrían adaptarse también para adultos mayores con ingresos insuficientes, trabajadores informales sin garantías, estudiantes universitarios, familias monoparentales e incluso propietarios de viviendas hoy desocupadas que podrían incorporarlas a programas de alquiler social mediante incentivos y acompañamiento técnico. La organización considera que ese esquema permitiría ampliar la oferta de viviendas disponibles y reducir una de las principales causas de exclusión residencial: la imposibilidad de cumplir los requisitos que exige el mercado tradicional.
Mientras tanto, la paradoja continúa profundizándose: miles de personas tienen enormes dificultades para conseguir una vivienda adecuada, mientras en la Ciudad permanecen unas 228 mil viviendas desocupadas, muchas de ellas fuera del mercado por problemas legales, edilicios o por utilizarse únicamente como reserva de valor. Para los especialistas, reducir esa brecha será uno de los mayores desafíos de las futuras políticas habitacionales.
