El conflicto que desde hace varios meses impulsan tres sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el numeroso ceterista UTE, con un nuevo paro de 48 horas, generó sentimientos extremos: rechazo y sensibilización.
Por un lado, el repudio de un sector de la sociedad que les recuerda que no hicieron paros por similares motivos a otras gestiones, y la adhesión de otros que confían en los fundamentos y temen la llegada del fantasma privatizador de la enseñanza del que vienen alertando.
Más allá de estas opiniones, las leyes de las negociaciones gremiales aconsejan que cuando hay una negociación abierta, cuando existe una paritaria y hay ofertas concretas -más allá de su aceptación- es más correcto pelear desde adentro que pegar el portazo, teniendo en cuenta que cobrarán de todos modos la mejora salarial.
La oferta que el gobierno de la Ciudad finalmente realizó en octubre último tras ceder a la presión de los 17 sindicatos docentes porteños, a través de una suba del 16 por ciento, que se hará bonificable y remunerativa en febrero de 2009, no conformó al sector que integran UTE, los profesores de ADEMyS y los privados de SADOP.
Vale recordar que SADOP, participó de la primera reunión y firmó el acta del 24 de octubre pasado que acordó la suba de 110 pesos de octubre a febrero próximo para los maestros capitalinos, con la promesa de volver a sentarse ese mes para volver a discutir nuevos aumentos.
Sin embargo, el jueves 6 de noviembre, el sindicato de los privados dio el portazo con UTE en la cartera que conduce Mariano Narodowski, cuando se propuso convertir la suma en remunerativa en febrero próximo e integrar dos comisiones de seguimiento del traspaso de la obra social y cambios en los reconocimientos médicos.
Esa actitud tal vez fue en adhesión a su histórica relación con los ceteristas, con quienes siempre acordaron medidas gremiales.
Este conflicto, que con la nueva huelga de 48 horas del 18 y 19 de noviembre, dejará a las escuelas de la Ciudad con 13 días menos de clases solo por paros, generó una serie de sentimientos que van del repudio, al silencio y a la adhesión.
Algunos dirigentes que están a favor de continuar en la mesa de negociación, no vacilaron en recordar que CTERA "acordó la Ley Federal de Educación con el gobierno de Carlos Menem, que hoy critican".
También por estos días algunos padres se preguntaron si la virulencia de las medidas de fuerza se hicieron "cuando se le cayó el patio de una escuela a Aníbal Ibarra y se lastimaron tres alumnas, cuando era jefe de Gobierno", o cuando "se caían los techos de los normales o faltaba calefacción durante la gestión de Fernando de la Rúa".
La creación de la escuela-shopping durante el mandato del menemista ex intendente porteño Carlos Grosso, en los '90, generó mucho espacio en los diarios y pocas manifestaciones en la calle, según dijeron algunos vecinos.
Por estos días algunos también se preguntaron si el método de reclamar es "dejar sin clases a los chicos y tenerlos de rehenes".
No obstante ello, el histórico Francisco "Tito" Nenna, secretario Adjunto de CTERA y titular saliente de UTE, quien además fue uno de los ayunadores con más presencia en la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional, no se inmuta por algunos cuestionamientos y sigue adelante con sus reclamos no menos sensibles. "Tito" Nenna dice que su plan de lucha "no es solo un tema salarial" pero que también lo es, dado que "actualmente faltan miles de docentes en las escuelas que no quieren trabajar por esos sueldos".
Al explicar a DyN su disconformidad con los tres puntos que se acordaron el jueves último en el Ministerio, Nenna dijo que "lo que no puede esperar es la discusión del mejoramiento de la calidad alimentaria, las 15 mil becas que cobraran los chicos del secundario para no perder su escolaridad y la separación del director de Reconocimientos Médicos del Rawson, que mandó a trabajar a maestras con enfermedades y murieron".
"Esta es una disputa política" reconoció el dirigente sobre las huelgas, carpas y vigilias que conviven en la Ciudad y aseveró que ellos apuntan contra la "política de destrucción de la educación pública del gobierno de (Mauricio) Macri", que dijo "va a dejar en manos privadas el funcionamiento de muchos programas educativos".