Los habitantes de la Villa 31 y 31 Bis hallaron la manera de sacarle mayor provecho a la privilegiada ubicación que ocupan sus terrenos. Además de garantizarles un ingreso extra, el recurso no les exige a cambio ningún trabajo ni esfuerzo.
El negocio sólo requiere el visto bueno del propietario o inquilino para montar en el techo, patio, terraza o en una medianera de sus viviendas una rudimentaria estructura de hierro que sostenga un cartel publicitario de cara a la Autopista Illia, por donde circulan cada día hábil unos 80 mil vehículos.
Para algunas de las empresas comercializadoras de estos espacios de publicidad el negocio también es redondo. Consiguen inmejorable visibilidad para sus clientes y al estar en una zona donde los controles no llegan, el único canon que pagan es el que va para los vecinos del lugar.
Según indicaron desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hasta el momento hay 27 carteles de publicidad distribuidos en toda la zona que abarca una de las villas más significativas de la Ciudad. Ninguno de ellos cuenta con la habilitación que otorga el Gobierno de la Ciudad. Pese a eso, datos del mercado publicitario indican que las marcas llegan a pagar entre 40 mil y 100 mil pesos mensuales para pautar en alguno de los letreros del barrio. Y por lo general, los contratos son de al menos seis meses.
Quienes se encargan de recaudar esta suerte de canon o fee mensual, que oscila entre los 2 mil y 3.500 pesos mensuales, son los delegados barriales. Ellos mismos aseguraron a PERFIL que este beneficio extra se distribuye entre los vecinos del sector donde se encuentre el cartel a través de acciones comunitarias. “La plata que recibimos de los carteles la usamos para festejar el Día del Niño, comprar remedios o hasta para pagar un servicio de velatorio”, cuenta María Martínez, delegada de la manzana 9. “Administro el dinero que deja el cartel desde hace tres años y tengo todo registrado”, se defiende ante la consulta.
Muchos otros vecinos también se benefician con este mecanismo de recaudación. Algunos carteles se encuentran ubicados en los patios de sus casas o están amurados a medianeras de edificaciones de dos o tres pisos que dan sobre la autopista. En este último caso, y según cuentan fuentes del barrio, el dueño de casa recibiría entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales por “alquilar” su pared.
La Ley 2.936 de Actividad Publicitaria en la Vía Pública fija la normativa para la instalación de carteles en vías rápidas. En distintos artículos se señala que las estructuras publicitarias deben guardar una distancia mínima de 200 metros entre sí y que cada cartel debe contar con una estructura de sostén adecuada, que pueda garantizar los esfuerzos ante cualquier tipo de condiciones climáticas.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño explicaron que están retirando marquesinas y carteles publicitarios en infracción. Sin embargo, el hecho de estar en terrenos de la Nación y ferroviarios, o en depósitos fiscales complica las tareas. “La Unidad de Gestión Operativa Mitre-Sarmiento (Ugoms) no nos permite el ingreso para retirar los carteles”, contaron desde esa cartera.
Casos. Si bien algunos fueron instalados hace más de ocho años, durante 2013 la firma B y R Media Partner intentó colocar un cartel sobre un pilote de cemento perteneciente a la antigua traza de la AU Illia. Aquel tampoco tenía el permiso correspondiente y fue retirado por el Gobierno de la Ciudad. “Significaba un peligro tanto para los vecinos del lugar como para quienes transitan por la Illia”, afirmó Gonzalo Mortola, coordinador general del Programa de Mejoras para Villas 31 y 31 Bis.
Fuentes cercanas a la empresa aseguraron a PERFIL que su “objetivo” era “colocar más carteles en techos y terrazas próximas a la Illia”. En noviembre del año pasado, esta firma volvió a instalar un cartel sobre una medianera que da a la autovía, a 500 metros del peaje. “La intención es ofrecerlo a partidos políticos”, afirmó el mismo vocero. La publicidad allí cuesta $ 40 mil al mes y sobre el cartel pesa una medida cautelar interpuesta por la firma ante la pretensión del Gobierno porteño de retirarlo
