Vecinos del barrio de Caballito que se oponen a la construcción de dos torres de 34 pisos cada una no llegaron a un acuerdo con la empresa a cargo de la obra en la mediación llevada a cabo esta tarde en un estudio jurídico del centro porteño.
Las partes consensuaron volver a juntarse en una instancia conciliatoria que se desarrollará el próximo 30 de marzo.
La empresa constructora demandó por "daños y perjuicios" a Gustavo Desplats y Mario Oybin, dirigentes de las asociaciones "ProtoComunaCaballito" y "SOS Caballito", respectivamente, que encabezan las movilizaciones para oponerse a la obra que se levanta sobre un gran lote ubicado en las calles Felipe Vallese y Colpaño.
"Estuvimos reunidos con representantes legales de la constructora, nos han expresado que hemos causado un daño con las protestas y que sus derechos de desarrollo económico se han visto afectados", aseguró uno de los vecinos.
El encuentro se prolongó durante una hora en el estudio de María Cristina De Ponti Lezcano, ubicado en Uruguay 572.
La acción judicial está motorizada por la empresa Koad S.A., que construye el complejo "Nuevo Caballito" y está asociada a la multinacional Irsa, del magnate George Soros, que es dueña del terreno y "va a recibir 25 por ciento de las unidades funcionales como su parte en el beneficio", según Desplats.
"Estamos realizando la marcha número 21, defendiendo la calidad de vida, hemos acordado presentarnos el día 30 de marzo en una nueva instancia en la cual presentaremos muchos de los reclamos por los cuales consideramos la ilegalidad de la obra", manifestó esta tarde uno de los representantes vecinales.
Advirtió no obstante que "indudablemente las protestas van a seguir adelante".
Según sostienen los vecinos, el servicio de agua potable y la red cloacal del barrio están colapsados. Además, exigen un estudio de impacto ambiental que determine la viabilidad de una edificación de tales dimensiones.
El jueves último, el gobierno porteño dispuso una serie de medidas para restringir la construcción de torres de viviendas en cinco barrios con infraestructura "crítica", a fin de regular obras de gran porte y evitar acciones judiciales, e instó a la Legislatura a debatir un Plan Ambiental.
El programa oficial decretado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, obliga a compañías constructoras a solicitar a la estatal AySA un "Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica", que garantice que la zona a edificar no presenta inconvenientes en la infraestructura cloacal y en la red de agua potable.
Fuente: DyN
