Interpelada. Así se sintió la jueza tucumana Mariana Rey Galindo, que esta semana se convirtió, casi sin buscarlo, en protagonista: a través de un fallo sin antecedentes en el país, escrito con claridad y calidez, le otorgó a un nene de 13 años la “adopción” de sus padres, al permitir que el chico cambie en el DNI su apellido original al que lo identifica, que es el de la familia que lo crió desde los 45 días de vida en Tafí del Valle; además de regularizar la situación filiatoria del niño, dándoles a los padres de crianza su adopción plena.
Pero el caso de Pablo –tal como se pide que se identifique al chico, que tenía 12 años en el momento de solicitar el trámite– también sienta jurisprudencia por sus características, ya que Rey Galindo lo dirigió directamente a él, “para que pueda entenderlo él, que es quien se presentó y me interpeló directamente con su pedido”, cuenta la jueza a PERFIL.
Aunque Pablo figuraba en su documento con el apellido materno original –y también tenía una partida con el reconocimiento de su padre biológico, otorgado varios años después de su nacimiento–, el niño se crió con una familia integrada por su tía biológica, su marido y varios hermanos. Todos ellos usan un apellido, que él también incorporó para sus identificaciones tanto en la escuela como en el centro de salud donde se atendía. La inquietud surgió cuando tenía que jugar un partido de fútbol interprovincial, y la Liga Tucumana de Fútbol no permitió que lo use en su camiseta y, en cambio, imprimió el de su DNI. “Yo no soy ese”, aseguró. “Si no puedo tener mi nombre, no juego”, dijo a la jueza cuando llegó a Monteros, donde ella trabaja. Y le espetó: “¿Vos no sos abogada? Bueno, entonces arreglame los papeles. Yo quiero ser legal-legal”. Cuenta Rey Galindo, que en sus casi tres décadas de ejercicio profesional, es la primera vez que se sintió sacudida por un pedido al que no sabía cómo responder.
“Tengo 52 años, soy abogada hace 30 y jueza hace dos; siempre vinculada al derecho de familia. Trabajar con niños te da flexibilidad, piden la escucha activa y poder decidir. Y llegó Pablo con 12 años y la claridad con la que nos lo dijo me desarmó”, concluye.
Esa determinación del adolescente llevó también a otro planteo: explicar a sus papás que ellos serían los “adoptados”. “Hasta el final del proceso los padres biológicos fueron notificados, pero nunca se recibió una respuesta. Todo llevó casi un año, con la asistencia de Pablo al juzgado y, luego, el mío y el de mi equipo a un lugar cercano a su casa, con varias horas de trayecto en el medio”, asegura Rey Galindo. “Pero al final, al no haber nada que obstruyera su pedido, la sentencia quedó firme. Eso le permitirá cerrar un círculo y abrir otro en su subjetividad, tiene perfectamente claro quién es, y fue una decisión que a los 12 años marca mucho. Lo sentí como una interpelación muy contundente al Estado. Me sacó de mi lugar cómodo, con su lenguaje sencillo y nos jugamos: con el formato de la sentencia pateamos el tablero”, recuerda.
