Isidro Álvarez (63), el encargado de un edificio del barrio porteño de Núñez acusado de abusar sexualmente de siete niñas entre los años 1995 y 2019, continuará detenido hasta el juicio oral. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de excarcelación solicitado por su defensa al entender que existe un riesgo de fuga y amenaza de amedrentamiento a las víctimas.
La resolución –a la que tuvo acceso PERFIL– señala “que las reiteradas salidas y entradas a Paraguay –su país de origen–, que fueron informadas por la Dirección Nacional de Migraciones, demuestran que el acusado cuenta con los medios necesarios para ausentarse de Argentina e impiden descartar que posea vínculos en el exterior que podrían facilitar su evasión”.
Además, los camaristas entendieron que “debe ponderarse el riesgo de amedrentamiento a las damnificadas –quienes deberán declarar en etapas ulteriores–, sus familiares y otros eventuales testigos”.
“Especialmente, si se tiene en cuenta el conocimiento que posee el imputado sobre las diversas circunstancias en las que desenvuelven su vida y su entorno íntimo, dado el vínculo familiar con algunas de ellas o la condición de encargado del edificio en el que otras residían y donde habrían sucedido los hechos investigados”.
“Cabe señalar –se resalta en el escrito– que el temor de las víctimas ha quedado en evidencia con el tiempo que dejaron transcurrir hasta radicar las denuncias que dieron origen en esta causa, en algunos casos más de veinte años”.
El portero fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el 27 de octubre pasado, tras una investigación judicial que demandó más de dos años y en la que al menos siete de sus víctimas contaron los padecimientos que sufrieron cada vez que entraban a la portería del noveno piso del edificio de la calle Cuba al 2900, en el barrio porteño de Núñez.
Álvarez está acusado por todos estos delitos: abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, todos reiterados y en concurso real entre sí, agravados por encontrarse encargado de la guarda y por tratarse de víctimas menores de 13 años, los cuales a su vez concursan idealmente con el delito de corrupción de menores agravado.
Para los jueces de la Sala IV, “la escala penal resultante para el concurso de delitos por el que fuera procesado” el portero “excede holgadamente los márgenes contemplados en ambas hipótesis”.
Al acusado “se le atribuyen numerosos actos contra la integridad sexual de siete niñas que se encontraban bajo su cuidado, ya sea dentro de su domicilio, del de las menores o en el interior del edificio en el que se desempeña laboralmente como encargado de portería, aprovechándose de su conocimiento del lugar y de la vulnerabilidad de las víctimas, que tenían entre 7 y 13 años”.
Sobre la falta de antecedentes del acusado, uno de los argumentos que planteó su defensa para obtener el beneficio de excarcelación, los jueces respondieron que “los riesgos reseñados aconsejan un reaseguro de la sujeción al proceso superior a la mera imposición de pautas de conducta, prohibiciones, interdicciones, cauciones o alternativas de prisión morigerada”.
Las victimas tenían de 7 a 11 años
Nacido en Paraguay, el encargado se radicó en el país hace 33 años. Llegó con su concubina, María Antonia Vega Méndez, madre de sus dos hijas y testigo de muchos de los abusos ocurridos entre los años 1995 y 2019.
La mayoría de sus víctimas tenían entre 7 y 11 años cuando fueron atacadas en el interior del departamento que ocupaba el portero, el cuartito donde el acusado guardaba los elementos de trabajo o el ascensor. Entre ellas hay hijas de sus familiares, amigas de su propia hija y hasta menores que cuidaba su mujer.
La causa contra el portero abusador se inició en el mes de mayo de 2021, cuando una de sus víctimas decidió contar los ataques que sufrió en su infancia. Más tarde comenzaron a sumarse más denuncias.
Una de las niñas, que era compañera de colegio de la hija mayor del portero, relató que fue sometida sexualmente de “manera reiterada y sistemática, entre una y dos veces por semana, entre los años 1995 y 1998”.
Según consta en la causa, el imputado “aprovechó que la niña emprendía el regreso a su casa para encontrarla en la planta baja o acompañarla desde el último piso hasta la planta baja, donde la agarraba y la introducía en el cuarto donde se guardaban elementos de limpieza del edificio”.
“Cuando intentaba salir de esa situación, colocaba los brazos de la niña alrededor de su cuello para que lo sujetara y mientras tanto la apretaba contra su cuerpo para que no pudiera salir. Cuando la dejaba ir, Isidro le entregaba dinero a la niña y le decía que no contara lo sucedido”, se indica en el procesamiento dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 de la Ciudad de Buenos Aires.
Asesoramiento jurídico de la UBA
Las víctimas del portero de Núñez recibieron el asesoramiento jurídico gratuito que brinda la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Las personas que llegan a la Comisión 1309 ‘Derecho Penal Juvenil’, del Centro de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo hacen con la firme intención de obtener justicia frente a hechos aberrantes, incluso en casos donde –mayormente– se trata de menores de edad”, cuenta a PERFIL María de los Ángeles Giménez, la docente a cargo del grupo junto a Walter Reinoso, ambos bajo la coordinación académica de Martiniano Terragni.
Esta comisión desempeña un papel fundamental al proporcionar un espacio de apoyo y asesoramiento a aquellos que, de lo contrario, se encontrarían en desventaja frente a los desafíos legales.
“En este caso particular –amplía Giménez– reconocemos la valentía de cada víctima que comparte sus experiencias traumáticas, y entendemos la imperiosa necesidad que debemos asumir de abordar su sufrimiento de manera integral como profesionales de la Justicia”.
La abogada explica que “en la confección de cada escrito” presentado buscaron “un enfoque de acceso a la justicia de las víctimas”. “Hicieron un proceso para romper el silencio. Cada víctima necesita su tiempo para denunciar. Por eso, es tan importante el respeto del silencio de la víctima”, señala.
Desde la comisión explicaron que “cada escrito, y más recientemente los memoriales presentados contra la apelación del procesamiento y el incidente de excarcelación de la defensa de Álvarez, reflejan consigo la carga de las experiencias vividas de cada víctima y la determinación de buscar la justicia que tanto necesitan”.
“Es crucial resaltar que, en este caso, algunas de las víctimas residían en cercanías al domicilio del imputado, lo que añadía una capa adicional de angustia a su ya de por sí dolorosa experiencia. Vivir con el constante temor de cruzarse con su agresor, mientras este continuaba con su vida cotidiana en libertad, generaba un estado de vulnerabilidad constante para ellas”, resaltaron.
Desde el Centro de Práctica entendieron que, frente a este situación “la justicia no solo es un derecho, sino también un deber moral”. “Siguiendo con rigurosidad cada paso del proceso penal, hemos enfocado en nuestros escritos la urgencia y la imperiosa necesidad de que el imputado responda por sus acciones. Este compromiso no solo busca la reivindicación de las víctimas, sino también la restauración de la paz y la seguridad en la vida diaria de cada una de ellas”, destacaron.
Por último, agradecieron a los alumnos, alumnas, funcionarios, docentes y no docentes que trabajan todo del año para lograr el acceso a la justicia”. “Su dedicación incansable y conocimientos han sido vitales para orientar nuestro compromiso con la justicia”, dijeron.
