La fecha se acerca y los preparativos para la primera carrera callejera de Super TC2000 en Recoleta avanzan sin pausa. Sin embargo, a dos semanas de que comience el rugir de los motores, el evento que entusiasma a los fanáticos e irrita a los automovilistas porteños, aún no tendría autorización firme.
El circuito comenzará en la sede del ACA, sobre la avenida Libertador, seguirá por la calle Tagle, y luego por Figueroa Alcorta hasta Ayacucho, para regresar por la misma avenida por la que empezó. Los autos pasarán a velocidades de hasta 230 kilómetros por hora por el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Palais de Glace y el edificio de Canal 7, entre otros atractivos culturales, turísticos e históricos.
Los primeros muretes de contención comenzaron a colocarse en las avenidas desde principios de mes, y los operarios ya están acondicionando las plazas donde se instalarán las tribunas y las carpas. Aunque los organizadores sostienen que los obstáculos para el tránsito son mínimos, PERFIL pudo constatar que al menos un carril ya fue tomado. Según confirmaron desde el Gobierno porteño, Figueroa Alcorta, una de las arterias más transitas para ir desde el Centro a la zona norte del Conurbano, perderá dos carriles a partir del 26 de marzo. Libertador tendrá tres menos, mano al sur.
Los organizadores aseguran que el circuito Recoleta presenta muchas menos complicaciones que las que tenía el que se montó el año pasado en la Avenida 9 de Julio, y debió ser mudado esta vez por las obras del Metrobus. “Hay solamente siete paradas de colectivos, contra las 42 que había en el del centro, y ninguna salida de subte, ni puestos de diarios. Además, en el anterior se afectaron 1.500 metros de frentistas, y esta vez, solamente 200”, indicó el subsecretario de Deportes Francisco Irarrázaval. “El tráfico fluye”, agregó.
Sin embargo, todavía no está confirmado si todos los trabajos e inconvenientes no serán en vano. La ONG Basta de Demoler, junto con la comunera Gabriela Castillo (FPV), presentaron un recurso de amparo para detener el evento por considerar que podría afectar el patrimonio y la tranquilidad de la zona, que forma parte de un Area de Protección Histórica.
La causa llegó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, a cargo de Guillermo Scheibler, el mismo Juez que ordenó extremar las medidas de seguridad para el evento del año pasado, y que trata los amparos sobre el Metrobus de la 9 de Julio. Pero su fallo es interpretado de forma casi opuesta por el Gobierno, los organizadores, y la ONG.
El magistrado ordena que el Ejecutivo porteño pida opinión a la Junta Comunal, un trámite que se asume sencillo: cinco de los siete comuneros pertenecen al PRO. Además, exige que se realice el “acto administrativo” para permitir la carrera. Es decir, que el Gobierno emita una autorización por escrito. Según confirmaron a PERFIL desde la Subsecretaría de Deportes, aunque los trabajos ya comenzaron, ese trámite aún no fue realizado.
“La medida cautelar aún no está resuelta, una vez que el Gobierno presente lo que se le exige, el Juez debe decidir si la acepta o la rechaza”, indica María Carmen Arias Usandivaras, abogada y presidenta de Basta de Demoler. El mismo criterio es compartido por Castillo y por la unidad que protege el patrimonio histórico de la Defensoría General de la Ciudad, a cargo de Mario Kestelboim.
La Procuración y la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad consideran que el tema ya está resuelto. “El juez solamente pidió la documentación, la consulta a la comuna y la instalación de paneles acústicos”, indicó Irarrázaval. El tiempo dirá quien tenía razón.
