Desde hace unos días la ciudad de Buenos Aires cuenta con un nuevo protocolo de acción para atender un problema social de larga data y que viene agravándose. El plan condensa las indicaciones precisas para gestionar y atender a personas en situación de calle que requieren de atención psiquiátrica. Estas situaciones –que en su gran mayoría– suelen estar asociadas a intoxicaciones con alcohol o drogas también pueden abarcar a un individuo con un brote psicótico violento. Y, hasta ahora, no había un procedimiento oficial para actuar en esos casos y dependía de la voluntad y experiencia de los operadores de turno.
El problema es acuciante porque, según datos recientes recopilados por el personal del Ministerio de Desarrollo Humano, en CABA hay (a noviembre del 2023) unas 3500 personas en situación de calle. Y a esto se le agrega otro elemento: alrededor del 60% de estas personas están envueltas en alguna situación puntual o prolongada de trastorno mental o adicciones (alcohol, drogas).
Para afrontar esta situación, desde CABA diseñaron un plan que comenzó por fortalecer y capacitar al SAME para que pueda trabajar mejor con estos casos. El tema incluyó adaptar cuatro ambulancias de la ciudad para, eventualmente, poder transportar con seguridad a las personas involucradas en estas situaciones. Y se completa ahora con el protocolo que indica a todos los actores –los trabajadores sociales, médicos, rescatistas, policía, etc– cómo actuar en cada caso para poder resolverlo.
Detalles del protocolo
En la presentación a la prensa, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri aclaró que "diseñamos un protocolo específico, con el objetivo de que nuestros equipos puedan actuar y ayudar en forma efectiva a las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias". Y aclaró: "Hasta ahora ante una situación de estas características lo usual era mirar para otro lado".
Por otra parte, el funcionario explicó que "este es un problema global, que crece en las grandes ciudades del mundo, junto con un aumento de personas viviendo en la calle, una mayor cantidad de adicciones y complejas situaciones de violencia".
Macri aseguró que el protocolo se enmarca correctamente en la actual Ley de Salud Mental, especialmente en su controvertido artículo que indica que la ‘internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros’. Según muchos expertos, en una situación de intoxicación o brote es casi imposible que la persona decida internarse de motu propio, y suele ser complejo para los decisores y testigos de estas situaciones tomar alguna acción concreta.
Alarmante: el número de personas en situación de calle creció un 34% en CABA
El flamante protocolo, que presentó Jorge Macri junto al ministro de salud de CABA, Fernán Quirós y el de Desarrollo Humano Gabriel Mraida, busca ordenar el procedimiento ante una situación de este tipo para resolverlo.
Tras los llamados a los teléfonos 107, 108, 911 o 147, se activa el protocolo que facilita la identificación de una persona para saber si está siendo buscada por algún familiar. Después, según la situación, interviene una unidad especializada y acondicionada del SAME, la Dirección Integral de atención inmediata o la policía. Y en las unidades hay emergentólogos que están capacitados en la contención de pacientes durante estas crisis.
En ese momento se determina si es necesario hacer una derivación de la persona afectada a uno de los cinco hospitales generales de agudos de la ciudad que cuentan con guardia permanente de médicos y psicólogos expertos en temas de psiquiatría.
Es, finalmente, ese equipo interdisciplinario de salud mental el que podrá completar una evaluación profunda y proponer un tratamiento, la internación provisoria o analizar las eventuales consecuencias de no hacerlo.
Por eso mismo allí se tomará la determinación sobre si es necesaria la internación del paciente si éste está en un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Esto, usualmente, ocurre en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso. Y la internación finalizará al momento que se confirme el cese del riesgo.
Un detalle particular del protocolo es que marca que -de haber menores involucrados– el equipo de asistencia en el lugar convocará al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para que su personal actúe de acuerdo a las normas vigentes.
