El cura Julio César Grassi, condenado por abuso agravado y corrupción de menores, y el portero Jorge Néstor Mangeri, abusador y femicida con condena, deberán ser agregados al Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) para delincuentes por delitos contra la integridad sexual, según ordenó la justicia.
De acuerdo con un fallo del 13 de febrero, firmado por los jueces Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, Grassi cumple con los parámetros para que se le extraigan muestras biológicas para inscribirlo al registro de violadores –a cargo del Ministerio de Justicia– ya que tiene sentencia y condena firme.
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En diálogo con PERFIL, Jorge Dotto, genetista y director del RNDG, aclaró que Grassi "no va a ser trasladado al registro ni se le va a sacar sangre". Y agregó: "La muestra se le va a extraer por hisopado bucal en el penal de Campana", donde Grassi permanece desde el 23 de setiembre de 2013, luego de su detención por no cumplir con los términos de su libertad provisional.
Mangeri también está incluido en la lista de presos que deben entregar su material genétco. El 6 de diciembre de 2018, cuando se intentó obtener la muestra en el penal de Ezeiza, el portero se negó a su realización arguyendo que él había pedido el estudio años atrás y ahora era su turno de no aceptar.
En relación con la negativa de Mangeri, Dotto cuenta que el 7 de diciembre se notificó la situación al Tribunal Oral Criminal N°9 y luego se le solicitó el perfil de ADN que ya constaba en la causa. Al ser consultado por los avances del caso, el director del registro sostiene: "Pasó todo este tiempo y todavía no tuvimos respuesta de la justicia. Si la persona se niega a la muestra, el que tiene que tomar una determinación es el juez. Nosotros no tenemos la potestad. Para hacer cumplir la ley, toda persona condenada tiene que ser incluida".
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El RNDG recopila los datos genéticos para facilitar el esclarecimiento de hechos que sean objeto de una investigación penal vinculada a delitos contra la integridad sexual. Cuenta con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme y otra a autores no individualizados. "El objetivo es evitar reincidencias, generar prevención y establecer la detección de autores no identificados", advierte Dotto.
Los datos incluidos en el registro son considerados sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo son suministrados a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa.
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