"Si las cárceles están mal, esa sociedad va mal"

—Recientemente, usted ha destacado que la Argentina comparte con España un elevado porcentaje de presos. ¿A qué se puede atribuir esa lamentable proporción?
—En mi país las causas son claras. Ha habido en los ocho años del gobierno conservador de José María Aznar un recrudecimiento de las penas y, por lo tanto, una serie de modificaciones tendientes a lo que yo llamo “huir hacia delante”. Por otra parte, algunos cambios en la prisión preventiva han permitido, entiendo que sin seguir criterios claros de constitucionalidad en los fines buscados con esta medida, que el número de presos preventivos se haya disparado en los últimos diez años en un porcentaje muy alto. Lógicamente, esto ha hecho que los españoles pasemos de un lugar intermedio en el ranking de países europeos a colocarnos a la cabeza en cuanto a la proporción de reclusos por habitantes. Esto evidencia que algo va mal en nuestro sistema penitenciario, entre otras cosas porque tiene un efecto muy grave: el hacinamiento de las cárceles. Y como éstas no se pueden construir ni adaptar al número creciente y casi en progresión geométrica de presos, los derechos fundamentales de los reclusos entran en crisis.

—Aquí el panorama con los presos preventivos es grave. El 60 por ciento de los internos del sistema penitenciario federal no tiene condena. Están en la cárcel de forma preventiva.
—Bueno, en España la proporción es un poco menor. Ronda el 20 o el 22 por ciento. Pero para el estándar español, y tal como veníamos funcionando, sin dudas se ha experimentado un desfase.

— ¿Concretamente, qué medidas podrían aplicarse para intentar solucionar esta situación?
—No nos engañemos, esto es un problema de dotación de infraestructura del Poder Judicial. También se pueden arbitrar mecanismos y reformas procesales tratando de llevar a cabo la aceleración en la celebración de los juicios orales, pero para ello obligadamente tienes que crear más juzgados, con más jueces y funcionarios que atiendan esas oficinas judiciales. Y a esto hay que sumarle criterios claros para que, con la prisión preventiva, se cumplan los dos únicos objetivos que, a mi modo de ver, la justifican: riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

—¿Cuáles son los criterios que hoy están fallando en la aplicación de la prisión preventiva?
—En primer lugar, la obstrucción a la investigación puede durar poco, porque el juez no va a estar años investigando. En la enorme mayoría de los casos, será cuestión de un tiempo breve de reclusión preventiva, una semana o quince días, hasta adoptar medidas cautelares que permitan esa actuación que si el sospechoso estuviese libre podría entorpecer. Por lo cual, casi diría que la aplicación de la prisión preventiva queda reducida al riesgo de fuga, y en estos casos hay que tener en cuenta el arraigo personal, familiar y económico, y valorarlo adecuadamente. Esto es lo que falla, tanto aquí como en España, en ocasiones en que no hay una auténtica motivación que lleve a decretar la prisión provisional. Creo que hay un uso y abuso. Estas medidas cautelares no tienen por qué adoptarse con la alegría, entre comillas, con que se aplican. El porcentaje de presos cautelares que se ve en ciertos distritos de la Argentina resulta en verdad inexplicable.

—La manera en que se otorga el beneficio de la libertad condicional es otro tema polémico en la Argentina. Hay quienes sostienen que, como las cárceles están hacinadas y hay muchos que están por ingresar en ellas, la libertad condicional se usa para “hacer lugar”.
—Evidentemente, ése no puede ser un criterio de otorgamiento de la libertad condicional, que debería darse sólo porque el recluso está ya en una etapa de resocialización tal que permite suponer que cumplirá el resto de su condena sin infringir la ley. Usar la libertad condicional como mecanismo de descongestión no parece adecuado para una aplicación seria del fin esencial de la prisión privativa de la libertad, que es la resocialización de los presos Por citar un caso en las antípodas, en Holanda se usa el sistema de numerus clausus, por lo que un juez no puede enviar a la cárcel a cumplir una pena a un sujeto mientras no haya terminado la suya otro interno. Si hay 100 plazas disponibles, no puedes encarcelar a 101. Con esto se obliga a que los tribunales y juzgados funcionen en tiempo y forma, sin generar las bolsas de sobrecarga de trabajo que hay en la mayoría de los países y que impiden agilizar la celebración de los juicios.

—Yendo a otra cara del mismo problema, ¿al ciudadano realmente le interesa lo que pasa en las cárceles o cree que, en definitiva, todo es parte del castigo que se merece el recluso?
—Por lo general, si le preguntas al ciudadano de a pie para qué está la cárcel, seguro dirá que para castigar y para su seguridad. Bien, para castigar está clarísimo que la cárcel cumple el objetivo, y con creces. Si vemos todo lo que supone estar preso, no caben dudas de ello. Por citar un caso concreto, el porcentaje más alto de enfermedades dentales se da en la cárcel, ante todo por el tipo de alimentación que se brinda, basada en comidas faltas de calor, que a la larga producen alteraciones odontológicas muy serias. Pero también hay trastornos en el funcionamiento general del organismo. He leído en la prensa argentina que los menores en el interior de las prisiones tienen problemas de visión porque están viendo a distancias siempre cortas, y por lo tanto sin proyección de longitud suficiente para ejercitar el nervio óptico. Eso mismo se ha demostrado también en los mayores que han estado en centros donde no hay espacios abiertos. Estos son dos ejemplos de la cárcel como factor mórbico, productor de enfermedades. Si se comparan las posibilidades de contagio de un individuo dentro y fuera de prisión, son 20 o 30 veces más las chances de contraer enfermedades estando preso, y ni que hablar si hay condiciones de hacinamiento. En lo psicológico se vive una situación por completo despersonalizante: hablamos de un sujeto que tiene reglamentadas las 24 horas del día, sin poder autodeterminarse casi en nada, siempre con un funcionario que lo controla. Es decir, el ejercicio de la responsabilidad prácticamente se anula, no digamos ya en lo afectivo. Todo el plano erótico-sexual del sujeto se traduce en la masturbación y la homosexualidad, pero no naturales, sino sobrevenidas porque, de alguna manera, el recluso tiene que darle salida a esa dimensión.

—El cuadro es terrible, pero así y todo a la sociedad no parece preocuparle demasiado.
—Uno ve estos problemas y se pregunta: ¿la cárcel está privando sólo de libertad o de muchas otras cosas?, ¿la cárcel en estos momentos no es realmente un trato inhumano y degradante, sobre todo cuando hay circunstancias graves de hacinamiento? Y si están prohibidos los tratos inhumanos y degradantes, y estamos aplicando con toda la tranquilidad unas penas privativas de libertad que se cumplen en centros donde se dan estas condiciones, ¿no se están infringiendo la Constitución de cada país y las normas internacionales mínimas para los detenidos y los presos?

—Parece que el fin de resocializar a los presos queda entonces muy postergado, ¿no?
—Evidentemente. A esto se suma si hay o no una proporción debida de educadores, sociólogos, criminólogos, psiquiatras al servicio de hacer posible este fin. Porque, por sí solo, quien delinquió no se va a resocializar. Mejor dicho, se resocializa pero para peor, con los valores culturales internos de las pequeñas mafias que dominan las cárceles. Llegamos a tal cinismo social que, al tiempo que todos pedimos que la Policía tome medidas de prevención contra la delincuencia, el mayor porcentaje de delitos por centímetro cuadrado en un país se produce en las prisiones. Delitos contra la propiedad, violencia sexual, desacato a funcionarios, amenazas, vejaciones y coacciones. Es decir, la cantidad de delitos que genera un centro penitenciario es tal que si la sociedad en verdad quisiese ver esa realidad, no podría permitirla. El panorama es demoledor.

—¿Qué estrategias se podrían emplear, al menos teóricamente, para mejorar el cuadro?
—No hay soluciones mágicas pero, aparte de la voluntad política de querer resolver el problema, hay una circunstancia que en España ha favorecido mucho la transformación de las prisiones, y es la figura del juez de vigilancia penitenciaria. Los legisladores que trabajaron con la nueva Constitución, tal vez porque muchos habían pisado los calabozos de Franco, entendieron que había un problema muy serio y que la prisión era la estructura básica de represión del franquismo. Había que abordar el tema de alguna forma. Por fortuna, alguien tropezó con la figura del juez de vigilancia penitenciaria, al que, si bien se le entregaban funciones de ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, se le destacaba en especial la tarea de salvaguarda de los derechos de los internos, para corregir los abusos que pudieran producirse en las prisiones. Cuando pones un juez ad hoc encaminado especialmente a esta vigilancia del régimen de vida penitenciario, su sola presencia obliga a la administración como mínimo a rever los planteamientos políticos de gestión y organización. Ya ni digo en orden a eliminar los malos tratos y todos los vejámenes que suelen ser frecuentes cuando hay condiciones de hacinamiento.

— En la Argentina el sistema carcelario es un tema recurrente. Cada tanto estalla, como sucedió semanas atrás con miles de presos en huelga de hambre, pero la solución no llega.
—No es sencillo. Por eso insisto en la figura del juez de vigilancia penitenciaria. Creo que los políticos y legisladores argentinos deberían plantearse seriamente la potenciación de su juez de ejecución penal. Entiendo que casi para lo único que ese magistrado tiene capacidad es para atender el cumplimiento de las penas, pero no para visitar prisiones y tomar medida correctoras. No hay que olvidar que lo que ocurre en esas instituciones es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Por lo tanto, si las cárceles están mal, quiere decir que algo en esa sociedad va mal.

Se opone a la mano duro
—¿El endurecimiento de las penas es una solución para la inseguridad?
–En absoluto, porque es lo que los juristas han llamado la “huida hacia delante”. Es una manera de intentar acallar la opinión pública, sabiendo que como medida es ineficaz, porque llega un momento en que los mismos que están entrando están saliendo, y no necesariamente lo hacen en mejores condiciones. El aumento de penas nunca es una solución correcta. A la postre, en lugar de efectos positivos, se pierde lo poco o mucho salvable en los centros penitenciarios. Además, puede haber alternativas válidas y más baratas. Si el ciudadano entendiese lo que cuesta cada preso, parte de ese dinero podría dedicarse a la prevención de delitos y a buscar alternativas a la pena privativa de la libertad. A la larga, con ese cambio de paradigma habría mejores resultados, pero esto es difícil de imponer frente a una opinión pública perfectamente manipulable por los sectores conservadores, sobre todo en períodos electorales y preelectorales. Hay sectores políticos que saben que tienen un voto casi asegurado sin más que hablar de ley y orden.

—La Justicia y la sociedad argentina no saben muy bien qué hacer con los delitos de violación, ni qué criterios aplicar para tratar a esos reclusos. ¿Hay algún modelo exitoso?
—En España, ahora se ha callado este tema, porque han empezado a funcionar desde hace ya un tiempo equipos específicos de tratamiento de violadores en el interior de las prisiones para intentar cumplir con el principio de resocialización, aun sabiendo que el riesgo de reincidencia puede ser grave y, en algunos casos, casi inevitable. Se están poniendo suficientes medios personales de atención individualizados para tratar a esos reclusos, porque a esta altura sería ingenuo pensar que alcanza simplemente con cumplir los años en prisión que le dan por el delito. Es decir, los años pasan y si no se ha hecho una reclusión en las condiciones adecuadas, el riesgo de reincidencia es enorme. También puede ocurrir que si no hay un auténtico seguimiento del cambio de conducta del prisionero por abusos sexuales, éste simule un comportamiento correcto, sin faltar el respeto a ningún funcionario y cumpliendo las órdenes, para transformarse en un recluso modelo. Así puede conseguir la libertad transitoria y en esos períodos volver a delinquir, porque nadie le ha tratado el mal que lo ha llevado a cometer el delito. El tratamiento personalizado es básico y por completo imprescindible.

Justicio vs. política
—En la Justicia local se habla de un problema de recursos humanos. Los fiscales y defensores dicen que son pocos, y hay muchos jueces interinos, lo que debilita a la institución.
—No cabe duda. Sucede que priman más las directivas o el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que una voluntad sincera de potenciarlo y fortalecerlo. Al político de turno, sea del signo que sea, no nos engañemos, le interesa más tener a la Justicia por lo menos contenida, si no maniatada, para poder trabajar con mayor seguridad. Esto, desde luego, no se condice con lo que debe ser un Poder Judicial independiente y eficaz, que es lo que está pidiendo y exigiendo la sociedad. El ciudadano debe entender que con esa política que le están vendiendo, con jueces que tienen a los presos hacinados sin celebrar juicios, que no tienen ojos más que para estar pendientes de la prensa o de que lo suban de categoría, se desatiende toda la problemática diaria del ciudadano. Pero nadie se atreve a levantar el banderín de la honestidad política respecto de la Justicia, entre otras cosas porque si hubiese una Justicia independiente y con medios para llegar a los últimos recovecos, las estructuras de poder no podrían hacer todo lo que hacen.

—¿Qué aspecto destaca como positivo en la Justicia argentina?
—He entrado en contacto con los defensores oficiales y, a mi modo de ver, la suya es una institución importante. En España no tenemos nada que se parezca a los defensores oficiales.

Currículum vitae
* Antonio Doñate es español y tiene 67 años. Posee los títulos de magistrado, juez de primera instancia e instrucción, oficial de la administración de Justicia y licenciado en Derecho.

* Actualmente, es comisionado del Secretariado de Jueces para la Democracia de España en las Relaciones con Latinoamérica, y consultor de la Unión Europea sobre la situación judicial-penitenciaria de América latina.

* También es miembro, entre otras organizaciones, del grupo Magistrados Europeos por la Democracia. Además, es socio de honor de la Federación de Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe.

* En su carrera profesional se ha desempeñado como profesor ordinario y coordinador del área de Instrucción Penal de la Escuela Judicial de Barcelona, magistrado penal, presidente de la Audiencia provincial, magistrado de vigilancia penitenciaria y juez de primera instancia.