“Tenemos de tres a cinco veces más abortos que países que lo tienen despenalizado. Seguimos sin respuesta clara y concisa de la democracia, el aborto sigue prohibido, y si bien tenemos una ley que lo penaliza, no logra ninguno de sus objetivos”. Quien habla es Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano, y autor de #Aborto legal y seguro (editorial Paidós), libro que presentó el mes pasado en la Facultad de Medicina de la UBA, en el marco del día por la despenalización.
“El objetivo de velar por la vida de los embriones no está cumplido, las mujeres caen en la ilegalidad y clandestinidad, y tenemos entre 50 y 70 mil internaciones por año por complicaciones; esto es lo contrario al concepto de salud”, advierte.
En su libro, recorre la situación del aborto en el país, desde lo sanitario, lo legal, lo político y lo médico; a la vez que propone avanzar hacia una legislación que contemple el aborto legal para garantizar derechos y seguridad a las mujeres. “La salud debe prevenir y no resolver las enfermedades. Acá les damos la espalda a las mujeres y tenemos que cubrir las complicaciones”, sostiene sobre la situación actual.
Así, mientras las mujeres siguen reclamando que el debate por la despenalización llegue al Congreso –mientras se debate en otros espacios, como por ejemplo el 32º Encuentro Nacional de Mujeres que se lleva a cabo este fin de semana en Chaco–, Sebastiani sostiene que, pese a que la despenalización del aborto, dice, permitiría contar con estadísticas certeras acerca de la situación del país, y redireccionar así las políticas de salud pública de prevención de embarazos no deseados; la inacción política de todos los gobiernos democráticos y la presión de la Iglesia han logrado que el tema no logre estar en agenda.
En el país, cada operación clandestina puede llegar a costar hasta mil dólares, el doble de lo que sale en Estados Unidos, por ejemplo, donde la práctica es legal. Según datos de Amnistía Internacional Argentina –que acaba de lanzar la web #Aborto sin barreras, para que las mujeres accedan a información–, hoy, pese a su ilegalidad, en el país se llegan a realizar hasta 450 mil abortos por año.
Sebastiani también refiere el acceso a la información, donde advierte que las mujeres más pobres son las más perjudicadas, ya que pese a que existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el aborto en ciertos casos, hay muchos hospitales con “objeción de conciencia institucional” o jefes de servicio que presionan a los médicos; por lo que las mujeres no acceden a sus derechos o a conocer acerca de los riesgos. Mientras que, quienes cuentan con recursos, pueden acceder a la información. “En internet hay mucha información sobre interrupción segura con pastillas, por ejemplo, pero la inequidad también se ve en la democrática internet, a la que no todos pueden acceder”.
